El delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, ha afirmado hoy que "todo parece indicar" que el dinero intervenido al presunto ladrón del Códice Calixtino, aproximadamente 1,2 millones de euros, "procede del ámbito" de la catedral de Santiago de Compostela.
En declaraciones a los periodistas, Juárez ha informado de que la investigación está centrada actualmente en desvelar la "incógnita" de la procedencia del dinero intervenido al presunto ladrón, el técnico electricista Manuel Fernández Castiñeiras, que ha sido detenido junto a su mujer, su hijo y la novia de éste ultimo.
"Hay que averiguar cómo esta persona fue capaz de acumular tal cantidad de dinero y qué procedimientos utilizaba para la sustracción", ha señalado.
El delegado del Gobierno ha precisado que el dinero intervenido por la policía "no parece que proceda tanto de la venta de objetos como de sustracciones continuadas muy prolongadas en el tiempo".
Además, ha señalado que el poder eclesiástico había denunciado la desaparición de "algunos de los objetos" hallados en los registros de las propiedades del detenido, como el Libro de las Horas, aunque no respecto al dinero.
Sobre la devolución del Códice Calixtino a la Catedral de Santiago, Juárez ha apuntado que se está pendiente de que el juez instructor del caso "de luz verde" a la entrega.
"Se hará en cuanto el juez lo autorice porque tiene que estar en poder de sus propietarios", ha asegurado.
Manuel Fernández Castiñeiras, exempleado de la catedral de Santiago, admitió ayer que robó el Códice Calixtino, aunque previamente se había negado a reconocer los hechos que se le imputaban y se limitó a decir que no recordaba nada.
La policía considera que lo hizo por venganza, según explicó ayer el comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta del Cuerpo Nacional de Policía, Serafín Castro, quien precisó que la sustracción del manuscrito del siglo XII hace un año por parte del electricista de la catedral obedeció "probablemente" a una reacción por haber sido despedido.
Fernández Castiñeiras reclamaba a la Iglesia católica una indemnización de 40.000 euros por este despido.
No obstante, los registros posteriores en propiedades del detenido han puesto de manifiesto que podría llevar robando dinero y objetos de la catedral desde hace décadas.