El Consejo de Administración de La Caja de Canarias ha aprobado esta semana la concesión de 230.000 euros para 55 proyectos de acción social a desarrollar por entidades del tercer sector radicadas en Canarias.

Las ayudas se enmarcan dentro de la convocatoria 2012 del concurso dirigido a entidades sociales sin ánimo de lucro para llevar a cabo iniciativas en favor de personas en situación de exclusión social y dependencia y que la Obra Social de La Caja de Canarias lleva a cabo desde hace diez años, según informó la entidad financiera en nota de prensa.

De esta forma, los 230.000 euros con cargo al presupuesto 2012 de la Obra Social y reparten conforme a unas bases donde se priorizó los programas para la integración y protección social de colectivos en situación de desigualdad.

Respecto a los proyectos aprobados, prácticamente la mitad (28) están dirigidos a trabajar con personas en situación o riesgo de exclusión social, mientras que 27 se llevarán a cabo con personas en situación de dependencia, ya sea por discapacidad física, psíquica o sensorial o afectadas por enfermedades que generen dependencia.

En concreto, algunos de las acciones que se desarrollarán serán en pisos de apoyo al tratamiento de drogodependientes, servicios de comedor y aseo para sin techo en diferentes islas, mejora de instalaciones en residencias de mayores o en servicio de atención a domicilio de personas en situación de dependencia en centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, entre otros.

Además, el impulso de estos 55 proyectos de ONGs y entidades sociales privadas sin ánimo de lucro ubicadas en el archipiélago, beneficiará a 30.312 personas directamente, entre ellos, mayores, discapacitados físicos, psíquicos o sensorial, inmigrantes, y colectivos en riesgo o situación de exclusión social (menores, violencia de género, sin techo, drogodependencias, prostitución y sin techo).

Finalmente, se indicó que todos los proyectos han sido evaluados por un tribunal independiente y ajeno a la entidad, formado por un comité de expertos en temas socio asistenciales y sanitarios que han sido los encargados de valorar diferentes aspectos como su utilidad social y su ajuste a las necesidades del colectivo al que va destinado, la viabilidad económica y técnica, o el fomento del voluntariado.