La central nuclear de Garoña (Burgos) cuenta ya con la autorización, en firme, para funcionar otros seis años más, hasta 2019, al publicarse ayer la disposición que así lo establece en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio de Industria tomó esta resolución después de que el pasado 17 de febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informara públicamente de que no veía inconveniente en alargar la vida de esta central, que actualmente tenía autorización para operar hasta julio de 2013.

En la disposición del BOE de ayer se explica, entre otros asuntos, que dado el elevado nivel de dependencia energética que tiene España del exterior, el suministro energético ha de basarse en la diversificación de sus fuentes de abastecimiento, utilizando todas las que estén disponibles y, en este sentido, la energía nuclear contribuye significativamente a esta diversificación.

Hay que recordar, añade, que durante el año 2011 la electricidad de origen nuclear cubrió el 20% de la demanda eléctrica en España. Asimismo, señala que el sector eléctrico arrastra un déficit acumulado de aproximadamente 24.000 millones de euros y, dada su estructura de costes, se seguirían generando nuevos desajustes anuales superiores a los 4.000 millones de euros, si no se toman medidas definitivas para resolver esta situación.

Concluye que la prolongación de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña tiene un efecto favorable sobre la actividad económica, el empleo y la recaudación impositiva en la zona de influencia de la planta, así como en la industria nuclear y en otros sectores económicos que suministran bienes y servicios a la central, lo que merece particular consideración, dada la actual coyuntura económica.

Sobre la decisión del Ministerio de Industria se manifestaron ayer, a favor y en contra, diferentes colectivos. El Foro de la Industria Nuclear Española, por ejemplo, consideró "acertada y coherente" la decisión del Ministerio de Industria de ampliar el plazo de funcionamiento de la central. Para la industria nuclear, el funcionamiento de las instalaciones es prioritario, siempre y cuando, ha apuntado Foro Nuclear en una nota, reúna las condiciones de seguridad, "como es el caso de Garoña" (Burgos).

Por su parte, el grupo ecologista Greenpeace avanzó que recurrirá la orden ministerial que permite alargar la vida útil de la central nuclear. La responsable de temas nucleares del grupo ecologista, Raquel Montón, consideró, en un comunicado, que con esta decisión el Ministerio de Industria "ignora a los ciudadanos, a la administración del Estado y a la Comisión Europea". Para la portavoz ecologista, el ministerio ha adoptado la decisión ignorando las alegaciones presentadas por Greenpeace.

En esta línea, la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC) consideró "correcta" la decisión del Ministerio de Industria y pidió que sea el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) quien decida la vida útil de estas instalaciones y no el Gobierno.