El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) denunció ayer que la mitad de las privaciones de libertad en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no tiene "un fundamento legal", ya que estas instalaciones sirven de paso previo a la expulsión del país y, al final, menos del 50% de las personas recluidas llegan a ser deportadas.

Así se desprende de un informe elaborado por la Comisión Jurídica del CGAE sobre el régimen vigente y las propuestas para un futuro marco normativo de los CIE presentado ayer por el presidente de la institución, Carlos Carnicer, y la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano. El texto apunta que de 16.590 personas internadas en 2009, "solo" 8.935 fueron expulsadas.

"Si tenemos en cuenta que solo la mitad o un poco más de los internamientos, un 53 por ciento, se materializan al final en expulsiones, veremos que casi la mitad de las personas están siendo privadas de libertad sin causa, y eso es muy grave en un Estado de Derecho que reconoce la libertad como primer derecho fundamental", explicó Carnicer.

La Defensora del Pueblo señaló que estas cifras "demuestran que no tiene sentido seguir con las identificaciones policiales de extranjeros en la vía pública" para la expulsión de personas en situación irregular, ya que "el porcentaje de expulsiones es bajo". Además, considera que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno deberían "revisar" los criterios de que se sirven para imponer la sanción de expulsión visto su resultado.

Para el presidente del CGAE, aunque "han cambiado muchas cosas" en la última década y "pese a la crisis, el Estado de Bienestar se ha mantenido", en lo que "menos se ha avanzado" es en los Centros de Internamiento, donde "seres humanos de una forma absolutamente vital se adentran en una responsabilidad administrativa" que, en su opinión, "los poderes públicos solo saben corregir con privación de libertad".

En este sentido, el informe denuncia que la "arbitrariedad de la actuación administrativa y la falta de un real y eficaz control jurisdiccional" en estas instalaciones policiales "vulneran los derechos de las personas internadas" y reclama que se clarifique la finalidad y naturaleza de los CIE así como que se elabore un registro "riguroso y fiable" de quienes son privados de libertad en ellos.

El trabajo del CGAE apunta que la regulación actual de los CIE "no garantiza plenamente los derechos y libertades de los extranjeros sometidos a un proceso de expulsión, especialmente en lo que se refiere a la asistencia letrada" y critica, por "inadmisible", que por falta de un estatuto jurídico de los extranjeros pendientes de expulsión, su situación sea "más restrictiva" que la de quienes están en la cárcel tras delinquir.

El informe denuncia que España no ha adaptado de forma adecuada la normativa europea en materia de internamiento, que impone que esta medida se adopte "excepcionalmente" y sea revisada periódicamente por un juez, de modo que en cuanto el magistrado tenga constancia de que la expulsión ya no ha lugar o no puede ejecutarse, se ponga inmediatamente en libertad a la persona retenida.

En concreto, una correcta aplicación de las directivas europeas haría que en España el juez ordenase el ingreso del inmigrante en el CIE por un máximo de diez días, al cabo de los cuales tendría que revisar su situación y decidir si prorrogar o no la estancia.