Los farmacéuticos catalanes han solicitado a la Conselleria de Salud de la Generalitat una serie de contrapartidas y que esta solucione una serie de dudas que tienen en relación a la aplicación del euro por receta, una de las nuevas tasas aprobada la semana pasada por el Parlament de Cataluña y que está previsto que entre en vigor este junio.

En una entrevista con Europa Press, el presidente en funciones del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y miembro del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, Francesc Pla, ha explicado que le han solicitado al departamento que dirige Boi Ruiz "una serie de cuestiones", que se abordarán hoy en una reunión entre ambas partes.

La tasa está ideada para que sean los responsables de las farmacias los que ejecuten el cobro, lo que requerirá un esfuerzo adicional y ciertas modificaciones tecnológicas, indica Pla, quien solicita también conocer la fuerza jurídica de la nueva tasa y el posible amparo que tenga el colectivo, entre otros aspectos.

El presidente en funciones, que insiste en que a los farmacéuticos no les gusta tener que ser ellos los que actúen como recaudadores, precisa que creen posible mejorar una serie de cuestiones para que la aplicación del euro por receta se lleve a cabo con efectividad, entre ellas mejorar los procesos de facturación, idear un sistema de control del cobro y la adaptación de ello a la receta electrónica.

"Esperemos que sean receptivos" en la reunión de hoy, si bien considera que los farmacéuticos no entenderían que no fuera así, especialmente por la responsabilidad con la que han vivido el proceso de discusión.

Tomando como referencia los 154,6 millones de recetas emitidas en 2011, teniendo en cuenta que el cobro del euro por receta no se iniciará antes del 1 de junio, y aplicando las exenciones previstas en la ley, Pla constata que este año es complicado que la recaudación de la nueva tasa supere los 80 millones de euros.

Salud trabaja con la previsión de que no paguen la nueva tarifa los medicamentos que cuesten menos de 1,67 euros, los enfermos que requieran múltiples fármacos a partir de las 60 recetas anuales, los que cobren una pensión no contributiva y los perceptores de la renta mínima de inserción (RMI).