El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó ayer que la reforma de la Ley del Aborto que elabora el Gobierno va dirigida "a aumentar la protección del derecho por excelencia de la mujer: el de la maternidad".

Ruiz-Gallardón respondió así en el Congreso a una pregunta de la diputada socialista Ángeles Álvarez, sobre si el Ejecutivo seguía teniendo la intención de "recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".

El ministro contestó tajantemente que "no", porque la voluntad del Gobierno no es recortar la libertad de las mujeres sino proteger sus derechos, ya que en la sociedad actual, según dijo, "en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo".

Si se observa la realidad, prosiguió, se descubre que "muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que generan a su alrededor determinadas estructuras".

A su juicio, cuando se produce un "supuesto embarazo no deseado" el entramado social hace a las madres "responsables únicas" de conflictos o situaciones problemáticas ante las que "el legislador no debe ser indiferente".

"Es insuficiente una legislación que se limite a proteger la vida del no nacido mediante la tipificación penal del aborto y que no preste atención a la situación de la mujer embarazada que debe de estar protegida", sentenció.

Normativa insuficiente

Para Ruiz-Gallardón, es "absolutamente insuficiente" una normativa sobre el aborto que se limite a despenalizarlo "sin remover los obstáculos reales que impiden a la mujer su derecho a ser madre, abandonando además la protección del concebido".

La Ley que el Gobierno piensa promulgar, explicó, "se va a inspirar en el derecho de la mujer a la maternidad" porque ninguna embarazada "se debería ver obligada a renunciar" a ella por un conflicto familiar, laboral o social.

"Vamos a insistir en la formación, en la información, en la prevención y en la promoción de la inserción sociolaboral de las mujeres embarazadas, y en establecer garantías para conciliar su vida laboral, personal y familiar", detalló.

El ministro de Justicia dijo que la nueva normativa pretende que "se evite cualquier tipo de discriminación", estando para ello "cerca de las mujeres más vulnerables", de aquellas que están en paro, de las menores de edad, de las inmigrantes o de las que tienen alguna discapacidad.

Con este objetivo todas las administraciones públicas tendrán que trabajar conjuntamente para que los servicios sociales, la educación, la sanidad, la vivienda, el transporte y el empleo "sean prioritarios" para la mujer embarazada según aseguró.

"Lo que vamos a hacer es defender el derecho y la dignidad de la mujer con uno de sus valores fundamentales, que es el derecho a la maternidad", recalcó

Por su parte, Álvarez, le advirtió de que si el Gobierno del PP excluye a España de la posición mayoritaria de la que goza en materia de aborto "abocaran a las mujeres a situaciones no poco peligrosas". Por eso, dijo no entender por qué el PP quiere modificar la normativa antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la vigente normativa.

"Quizás porque usted sabe que el PP va a perder ese recurso. Yo creo que sí que lo sabe y precisamente por eso no quiere esperar a un pronunciamiento que le dificultaría a usted a atender los compromisos que tiene con determinados sectores del fundamentalismo en España", reprochó.