Jesús María Chamorro González, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), visita estos días Tenerife con motivo de la Reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación y la asamblea que celebran los asociados del colectivo en las Islas.

El magistrado ha aprovechado su visita, que coincide con la celebración del Foro Judicial, para tratar con los jueces isleños temas de actualidad que afectan a la magistratura, como la "introducción de las nuevas tecnologías a la Oficina Judicial, la medida del Gobierno central de que los vocales del Consejo sean nombrados por los jueces y el acceso de los letrados al ejercicio de la abogacía".

¿Qué opina de las medidas anunciadas por el Gobierno y que afectan a la magistratura?

La medida de que sean los jueces quienes elijan a los vocales del Consejo es algo que la Asociación apoya, y que lleva demandando desde hace 30 años. Quiero recordar que los primeros vocales de este órgano fueron designados por los jueces. Otra medida que vemos con buenos ojos es que aquellos asuntos que no supongan controversia, vayan a los notarios para mitigar la carga de trabajo de los juzgados. Hay que tener en cuenta que en cualquier otro país de nuestro entorno la carga es mucho menor; no se puede entender cómo en España, con 40 millones de habitantes, tenemos nueve millones de asuntos al año, y en Francia, que hay casi el doble de habitantes, tienen cinco millones de asuntos.

¿Qué otras medidas se deberían adoptar?

Se ha hablado mucho de la mediación, algo que es necesario, pero hay que saber cuándo, quién y cómo se hace, pues cuando hay controversia en el asunto es muy complicado. También es necesario racionalizar el uso de la Justicia, y por tanto medidas como las tasas judiciales no las vemos mal, pero siempre con un uso racional y que lo recaudado se reinvierta en la administración de Justicia. También creo que España hay un exceso de instancia que se debería evitar, pues en otros países nadie se plantea apelar, y aquí por cualquier sentencia se llega hasta Estrasburgo. Para evitar esto es necesaria una mayor credibilidad de la Justicia por parte de la sociedad, y para ello los jueces también debemos hacer autocrítica.

¿Cuál es la posición de la APM ante la Nueva Oficina Judicial?

La Asociación está a favor de modernizar la justicia, de introducir las nuevas tecnologías y que despegue la oficina judicial. Pero también defendemos que no se haga de espaldas al juez, pues en la última legislatura consiguieron arrinconar al juez en su lugar de trabajo. Defendemos ese proyecto, pero siempre teniendo en cuenta que la Oficina Judicial debe ser un instrumento de auxilio al ejercicio de la función de juzgar y ejecuta en el juzgado, que es el juez.

¿Se ha notado la crisis económica en los juzgados?

De una forma clara, al registrarse un aumento de asuntos importante. Pero en lo más que ha incidido es en la dificultad a la hora de ejecutar las sentencias que se dictan. Por ejemplo, en el caso de las expropiaciones es muy dificultoso ejecutar sentencias que condenan a pagar cantidades de dinero líquido a las administraciones, porque muchas de ellas no pagan a sus proveedores, pero tampoco pagan deudas como los justiprecios. Pero es que también se ha notado en los juzgados civiles, donde hay más asuntos de reclamaciones de cantidades, y en lo Social. En lo Penal también se ha registrado un incremento, pues la crisis aumenta ciertos ámbitos de la delincuencia.

Resulta curioso ese dato, pues en Canarias se ha dicho que ha bajado la criminalidad pese a la crisis...

No puedo dar datos concretos de Canarias. Pero se ha registrado una mayor incidencia de hurtos y robos en todo el territorio nacional. Quizás no haya aumentado la criminalidad de cierto "standing", pero los robos y los hurtos sí, se ve hasta en los medios de comunicación.

¿Cómo ha visto la situación de la Justicia en Canarias?

Es necesario algunos ajustes. El hecho de la insularidad provoca algunos problemas, como la dispersión de los órganos judiciales y la falta de jueces, que viene provocada por el deseo de los magistrados de ejercer en sus ciudades para poder conciliar la vida profesional con la familiar. Otro problema importante en las Islas es la carga excesiva en algunos órganos judiciales, que debe mitigarse.

¿Qué opina de la sentencia al juez Baltasar Garzón?

Es un sentimiento de tristeza, pues se ha condenado a un compañero que, además, ha contribuido de forma eficaz a la lucha contra muchos ámbitos de la delincuencia en este país. Pero hay que respetar al Tribunal Supremo, que es el máximo órgano judicial en España, y por tanto hay que tener máximo respeto.

¿Ha despertado inquietud entre los jueces este fallo a la hora de desarrollar sus funciones?

Personalmente, yo no me siento inquieto. Hacemos un trabajo de mucha responsabilidad, que a veces no es reconocido, ni la intensidad ni la cantidad del trabajo. Este asunto, y otros que ha habido pero que no han tenido la misma transcendencia mediática, no perturban al juez en su función.

¿Considera que se debería eliminar el aforamiento de los políticos?

La APM no tiene criterio sobre este asunto, y yo no soy penalista. Pero el aforamiento no se ha diseñado como un privilegio, sino como un garantía hacia la presunción de inocencia de alguien que ejerce una función y el interés general de la misma. Muchas veces se ve como un privilegio del cargo, y lo que se intenta es proteger, no a la persona, sino al cargo y las funciones que desempeña en ese cargo. Aún así se han dado pasos en ese sentido; en el año 1989 los políticos declaraban por escrito y no oralmente y el juez tenía que ir a su despacho. Se ha avanzado en la diferencia de trato.