En España hay miles de niñas que corren el peligro de ser víctimas de la mutilación genital femenina, una práctica ancestral que los inmigrantes subsaharianos han importado y que varias ONG y organismos públicos luchan por erradicar. Se trata de hijas de inmigrantes senegaleses, malienses o nigerianos, entre otros, a quienes la tradición manda extirpar el clítoris y los labios vaginales como parte de su transición a la edad adulta, para mantenerse limpias, castas y apetecibles para los varones.

Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Tolerancia Cero a la Ablación, una práctica reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos por la que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año 5 millones de niñas sufren la extirpación parcial de sus genitales externos.

En España no existen datos oficiales, pero expertos de la Universidad Autónoma de Barcelona calculan que hay en torno a 10.000 niñas en riesgo de sufrir una ablación, todas ellas procedentes de alguno de los 27 países del mundo (la mayoría de la franja subsahariana) en los que esta práctica está muy extendida.

"Cuando ves una mutilación genital por primera vez te quedas en estado de shock; cuando ves que sucede en España comprendes que tienes que luchar contra ello como sea", asegura la subinspectora de los Mossos d''Escuadra Rosa Negre, que encabeza la operación para erradicar esta práctica en Cataluña.

Responsable de la Unidad de Proximidad y Atención al Ciudadano de los Mossos d''Escuadra en Gerona, Negre participó en la redacción de un protocolo de actuación que coordina la labor de educadores, personal sanitario, policial y judicial para proteger a las niñas, y que es pionero en España.

"Todos estamos pendientes de las niñas y atentos a su evolución (médicos, enfermeras, maestros...) en cuanto sospechamos un cambio actuamos", explica del funcionamiento de este programa por el que, el año pasado, se abrieron diligencias a 25 familias en Gerona impidiendo así la posibilidad de ablación de 36 niñas.

Se trata de un programa de "absoluta proximidad" que se basa en el poder disuasorio de la ley y en una intensa labor pedagógica con las familias.

"No vale con amenazar con la ley y la cárcel, hay que convencer a los padres de que la ablación es mala para la salud de sus hijas, que es un atentado contra su integridad y que tiene profundas secuelas físicas y psicológicas", explica.

Negre no solo ha impartido seminarios, conferencias y charlas, sino que ha llegado a visitar personalmente las casas de emigrantes a punto de irse de vacaciones a sus países de origen con sus hijas.

La subinspectora les insta a firmar un documento por el que se comprometen a que su hija volverá intacta y les advierte de que el Código Penal establece penas de entre seis y doce años para quien realice, consienta o facilite la ablación, incluso si ésta se realiza fuera de España.

Prueba de ello es la condena a seis años de prisión que la Audiencia de Teruel impuso el pasado mes de noviembre al padre de una niña nacida en Alcañiz que fue sometida a la ablación a la edad de ocho meses en Gambia, un país en el que ocho de cada diez niñas sufren mutilación genital femenina.