El abogado José Antonio Choclán, que representa al considerado cabecilla de la trama "Gürtel", Francisco Correa, ha acusado hoy al juez Baltasar Garzón de "manipular"y "fabricar tesis" para "tratar de legitimar sus decisiones prevaricadoras", como fue ordenar las escuchas a los letrados.

Así lo ha expuesto Choclán en su primera intervención en el juicio a Garzón por haber ordenado intervenir las comunicaciones que mantuvieron en prisión los imputados del "caso Gürtel" con sus abogados, tras rechazar todas las peticiones que planteadas por el juez de la Audiencia Nacional en la fase de cuestiones previas.

La defensa de Garzón ha solicitado la recusación de dos de los magistrados que integran la sala que le juzga, la posibilidad de poder recurrir si es condenado ante la Sala del 61 del TS en segunda instancia si es condenado y la audición de las grabaciones que se practicaron en la prisión de Soto del Real.

Unas pruebas que han rechazado todos los abogados de las acusaciones y también la Fiscalía.

Choclán, que se adhirió a la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez contra Garzón y pide 17 años de inhabilitación para el magistrado por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales, ha considerado extemporáneos y manifiestamente infundados todos los planteamientos del juez.

Así, ha señalado que "a cualquier ciudadano le gustaría tener el privilegio" que tiene Garzón de ser juzgado en el Tribunal Supremo y que quien, como él, utiliza ese privilegio por su aforamiento "no puede utilizarlo para poner tachas al sistema".

"La legalidad vigente es la que es y no hay razón para suspender este juicio", ha dicho Choclán, coincidiendo con lo que después ha expuesto el abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo, que representa al número dos de la trama "Gürtel", Pablo Crespo, y pide 15 años de inhabilitación para Garzón.

Según ambos letrados, las pruebas solicitadas por Garzón son "manifiestamente impertinentes", ya que no se puede perder el horizonte y el sentido del juicio, que no es otro más que dilucidar si la orden de Garzón de grabar a los letrados supuso prevaricación, como mantienen las acusaciones.

Rodríguez Mourullo ha insistido en que el derecho de defensa se vio lesionado por la decisión de Garzón y en que no tendría sentido convertir este juicio en una "suerte de instrucción oral paralela" si se admite volver a escuchar íntegras unas conversaciones que afectan a la confidencialidad.