El fiscal general del País Vasco, Juan Calparsoro, ha afirmado hoy que la exhumación del féretro en San Sebastián, que supuestamente debía contener los restos de un recién nacido de 1977 y que estaba vacío, supone una evidencia del "primer caso acreditado en Euskadi de que hubo un delito".

En declaraciones a Efe, Calparsoro se ha dirigido a la familia de esa niña para expresarles su convencimiento de que esa primera prueba puede facilitar ahora la investigación y que, "sin duda, están más cerca de conocer lo que le ocurrió a ese bebé".

La exhumación del féretro, la primera ordenada por un juzgado en Gipuzkoa, fue practicada el pasado martes en el cementerio de Polloe de San Sebastián y, tras conocerse ayer que en su interior no había "restos biológicos", la familia pidió a las instituciones que elaboraran un protocolo para localizar a los bebés desaparecidos.

Calparsoro ha dicho que de momento se ha comprobado que en ese féretro "no se enterró a ese bebé", aunque a su familia en el hospital le dijeron que había muerto y, por lo tanto, ha añadido, "habrá que indagar hasta determinar qué tipo de ilícito penal se cometió".

La infracción más leve que podría haber ocurrido sería un delito de falsedad, pero también podría tratarse de un delito de detención ilegal, previsto con penas similares a las del secuestro, "si se comprueba que ese bebé vivía" y que fue arrebatado a su madre para "entregárselo a otras personas", ha detallado.

Por eso, ha dicho Calparsoro, "a partir de ahora habrá que impulsar la investigación para determinar quienes fueron los médicos y enfermeras que intervinieron en ese parto" y, con sus testimonios, poder plantear un primer relato de los hechos.

Pero también debe ser "prioritario", a juicio del fiscal, "indagar si esa persona nacida hace 34 años vive", para tratar de localizarla.

Calparsoro ha señalado que trabaja "en permanente comunicación" con los fiscales de los tres territorios vascos que llevan los casos de las desapariciones, ocurridas entre las décadas de los años 40 y 80, de niños que supuestamente habrían sido separados de sus madres nada más nacer y que sólo en Euskadi afectan a unas 600 familias, según los datos del colectivo SOS Bebés Robados de Euskadi.

El fiscal de Gipuzkoa trasmitió ayer a Calparsoro que habrá "más exhumaciones", si bien el fiscal jefe ha advertido de la dificultad de localizar cadáveres en fosas comunes donde supuestamente depositaron a muchos de esos bebés cuyas familias no tenían ingresos para financiar otros enterramientos, además de que muchos otros cuerpos figuran como incinerados, de forma que no quedan pruebas.

La exhumación de Gipuzkoa, que fue posible ya que el féretro se hallaba en una tumba propiedad de la familia, es la segunda practicada en Euskadi, ya que en setiembre de 2011 se realizó una primera en Bizkaia en la investigación de un caso en la que "ya se ha tomado declaración al ginecólogo" que atendió el parto en una clínica de Bilbao, ha expuesto.

Calparsoro ha confiado en que "estos casos más recientes, a diferencia de algunas denuncias que sitúan las desapariciones de bebés hace muchas décadas", sean "más fáciles" de investigar, y ha asegurado que, tras la reforma de la Ley sobre adopciones, "hoy en día sería mucho más difícil que ocurriera y quedara impune".

El fiscal jefe del País Vasco ha indicado que se ha denunciado la relación de algunas religiosas que intervinieron como enfermeras en algunos de esos partos con bebés desaparecidos y a curas que supuestamente intermediaron con familias adoptantes, si bien ha aclarado que el Obispado de San Sebastián "se puso a disposición" de los investigadores para facilitar datos de sus archivos.

Personalmente, ha dicho Calparsoro, "no creo que como Iglesia se metiera en esas cosas", aunque finalmente pudiera acreditarse "a título individual, la implicación de algunas personas dentro de la Iglesia".