Un juez de Buenos Aires ha confirmado una multa por un millón de pesos (unos 232.600 dólares) al laboratorio estadounidense GlaxoSmithKline y a dos médicos por irregularidades en ensayos clínicos con niños en una provincia argentina vecina de Chile, informa hoy la prensa local.

El laboratorio y los dos investigadores incumplieron requisitos legales básicos para llevar adelante en 2007 y 2008 unos ensayos clínicos entre niños de Mendoza, capital de la provincia homónima (oeste), con el fin de desarrollar una vacuna para prevenir la neumonía adquirida y la otitis media aguda.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) investigó estos ensayos y dispuso una multa que fue confirmada por el juez de lo penal económico Marcelo Aguinsky quien rechazó una apelación de los imputados, indica el diario Página/12, que publica los dictámenes.

La entidad de control sanitario detectó falta de documentación en el historial clínico de algunos pacientes y respecto a los métodos de administración de medicinas, así como incumplimiento de controles de seguridad e irregularidades en las autorizaciones para que los niños fueran sometidos a los ensayos clínicos.

Dictaminó que en el caso de un niño no se daba "el adecuado cumplimiento con los requerimientos del protocolo, debido a que la abuela, analfabeta, fue quien otorgó el consentimiento" para someterlo al ensayo clínico.

También detectó que "se advirtió una falta de seguimiento y registro adecuado de los eventos adversos ocurridos durante el estudio que permitiera descartar la seriedad de los mismos", según el dictamen del ente regulador.

GlaxoSmithKline fue castigado con una multa de 400.000 pesos (unos 93.000 dólares), mientras que a los médicos Héctor Abate y Miguel Tregnaghi se les impuso el pago de 300.000 pesos (unos 69.800 dólares) cada uno, mediante una resolución que fue apelada por los acusados que pidieron la nulidad de la legislación que habilita a la ANMAT a supervisar los ensayos clínicos.

El juez Aguinsky consideró que "vedar la posibilidad de un control técnico-discrecional" por parte del organismo sanitario "implicaría sin más vaciar a tal actividad de su propio objeto y cuestionar el derecho-deber que tiene el Estado, a través de sus organismos, de proveer y custodiar a la salud pública".

"Es del caso señalar que en toda investigación en farmacología clínica debe prevalecer el bienestar de las personas sometidas a estudio. Dicha prevalencia lo es aún por sobre los intereses de la ciencia y la comunidad", concluye el juez.