Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que participaron ayer en una ponencia de la Asamblea Nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria consideraron que la Justicia debe ser "una prioridad" para que España pueda salir de la crisis económica.
Así lo manifestaron los vocales Manuel Almenar y Margarita Robles, que participaron en la ponencia "La situación y el futuro de la Justicia" celebrada en Granada y que fue moderada por el presidente de la asociación, Marcelino Sexmero.
Robles criticó que la Justicia no esté siendo un tema de referencia en este momento electoral para ninguno de los partidos, pese a que su administración es "básica y fundamental", sobre todo en época de crisis económica.
Por ello, dijo que esperaba que en la próxima legislatura las fuerzas parlamentarias consideren entre sus prioridades un pacto de Estado para la Justicia similar al de la lucha contra el terrorismo o la política exterior.
"Si los tribunales no pueden juzgar adecuadamente la problemática económica no se va a resolver", advirtió Robles, que añadió que la solución a los problemas de la administración de Justicia no pasan necesariamente por mayor inversión sino por racionalizar su organización, funcionamiento y las leyes procesales.
Por su parte, Almenar, que compartía en buena parte los argumentos de su compañera, señaló que si se adoptan las medidas propuestas por parte del Consejo es posible mejorar la calidad del funcionamiento de la administración judicial.
"Seamos conscientes de que la Justicia debe ser una prioridad; que exista una voluntad política real de diagnosticar los problemas y buscar soluciones para ello", señaló Almenar, que repasó los problemas fundamentales a su juicio en esta materia. Se refirió al exceso de litigiosidad que existe en España en comparación por ejemplo con Francia, donde se tramitaron un 50% menos de asuntos pese a que cuentan con un 50% más de habitantes.
La insuficiencia de la planta judicial es también otro de los problemas, ya que aunque España ocupa el puesto 38 de 47 países europeos por ratio de jueces, tiene una de las más altas en número de funcionarios. El tercer problema básico, explicó Almenar, es de tipo organizativo e implica la necesidad de un replanteamiento para conseguir una oficina judicial más ágil y sencilla, una nueva demarcación judicial y de sus partidos y una centralización y especialización de los servicios.