Colectivos que apoyan al activista uruguayo de derechos humanos José Morales Brum han presentado hoy en la Delegación del Gobierno de Canarias más de 2.000 firmas para que se paralice su propuesta de expulsión de España por un altercado ocurrido durante una protesta en Lanzarote.

La portavoz de Asamblea por Tenerife, Ana Caballero, ha informado de la presentación de estas firmas, avaladas por personas de reconocido prestigio, organizaciones internacionales y nacionales, ante el "atropello grave" que, a su juicio, se está cometiendo con Morales, tras verse envuelto en un altercado con un policía en una manifestación en favor del pueblo saharaui el pasado mes de julio.

Los colectivos exigen tanto la paralización de la propuesta de expulsión a petición de la Brigada de Extranjería en la isla como el sobreseimiento de la causa penal abierta contra Morales, activista afincado en Lanzarote desde hace varios año.

Además, reclaman de nuevo información sobre si se ha abierto un expediente al policía nacional que, según su versión, asistió de paisano a la protesta y, sin identificarse, trató de quitarle una cámara a Morales y después sacó un arma ante los manifestantes desarmados, cuestión que fue denunciada por el activista.

"No se puede admitir que en un estado de derecho democrático se estén dando estos atropellos por parte de un policía nacional, que, si se ha equivocado en su actuación, debe asumir su error", ha indicado Caballero, quien ha considerado que lo ocurrido "nunca debió llegar a la vía administrativa ni penal".

La portavoz también ha informado de que están a la espera de ser recibido por la delegada del Gobierno en Canarias, Dominica Fernández, a quien solicitaron una reunión el pasado mes de septiembre.

En el atestado policial se recoge que Morales se aproximó a los agentes de paisano que prestaban su servicio en un dispositivo de seguridad mientras grababa con un vídeo a los policías y, cuando éstos se identificaron como tales, el activista comenzó a gritar "policía opresora, policía asesina".

Además, Morales procedió a hacer gestos con las manos incitando al resto de concentrados para que se aproximaran, señala el atestado, que añade que éstos se abalanzaron hacia los agentes y comenzó una agresión que "provocó una reacción violenta de los asistentes a la concentración y que finalizó con una grave alteración del orden público".

Morales, sin embargo, negó que se produjeran agresiones contra la policía y aseguró que un agente, sin identificarse previamente, le arrebató su cámara de vídeo y, posteriormente, al acudir varios activistas en su defensa, el policía sacó su arma reglamentaria de manera intimidatoria.

Así mismo, Morales señaló que al día siguiente de los hechos presentó una denuncia en los juzgados de Arrecife para que se aclarara el incidente protagonizado por el agente que esgrimió el arma y que, por la tarde, fue detenido como presunto autor de un atentado contra un agente de la autoridad y otro de desorden público.