Los ministros de Justicia de la UE lograron ayer, tras más de un año de negociaciones, un acuerdo para crear una orden de protección para víctimas de violencia de género con base penal, como propuso España durante su presidencia comunitaria de turno.
La propuesta fue rechazada en un principio por complicaciones técnicas, ya que los países de la UE regulan la protección de víctimas de maltrato de manera distinta, y mientras unos cuentan con una base legislativa civil o administrativa, otros, como España, le otorgan carácter penal.
Algunos países se declararon preocupados por cómo se traduciría la medida en la práctica, ya que si una víctima procedente de Luxemburgo (donde no respetar la orden de alejamiento se pena con una multa) se traslada a España y su agresor la sigue, éste podría acabar en la cárcel. Este aspecto ha sido modificado de forma que, cuando se pasa de un sistema con base penal a uno civil, las autoridades del segundo pueden adaptarlo a su ordenamiento jurídico sin aumentar la penalización.