El debate del pueblo, las asambleas de barrio o las comisiones de trabajo son solo algunos de los ejemplos de participación ciudadana que ha dejado el movimiento 15-M en los últimos dos meses y que muestran, según los expertos, el auge de un comportamiento cívico que viene fraguándose desde los últimos años.

"La gente tiene derecho a decirle a los políticos lo que piensa mucho más a menudo que una vez cada cuatro años", aseguran en declaraciones a Efe desde la plataforma Democracia Real Ya (DRY), uno de los colectivos que integra el Movimiento de Indignados que tomó las plazas el pasado mes de mayo.

Consideran que medidas como la reforma de las pensiones o la aprobación de la Ley Sinde, que afectan de manera directa a la vida de los ciudadanos, deben someterse a votación popular a través de consultas obligatorias y, sobre todo, vinculantes, lo que les ha llevado a incluir entre sus principales demandas la organización de referendos.

No es, ni mucho menos, la única propuesta en este sentido, pues también contemplan, por ejemplo, la puesta en marcha de iniciativas legislativas populares, a las que, eso sí, habría que cambiar el número de firmas necesarias y su campo de actuación -solo pueden hacerse para sugerir nuevas leyes o modificar leyes existentes-, o la puesta en marcha de la llamada "Democracia 4.0.", que busca hacer posible el voto directo en el Congreso de manera electrónica.

Todas ellas, advierten, están encaminadas a que "no sean los grandes partidos los que manden de manera sorda a los ciudadanos, sino que sean los ciudadanos y movimientos cívicos de todo tipo quienes decidan cómo se tienen que hacer las cosas".

El caso de DRY es solo un ejemplo de cómo ha brotado la participación en los últimos meses, una tendencia latente durante casi una década, con especial ímpetu en los últimos tres años, según cuenta el experto en participación, Julio Andrade, quien además es vicepresidente en funciones de la Comisión de Participación y Gobernanza de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Al echar la vista atrás, rememora que en el 2003 en Málaga, donde ejerció como concejal de participación ciudadana, apenas existían en el Ayuntamiento organismos o departamentos encargados de gestionar la implicación de sus habitantes en la vida del municipio, una realidad muy alejada de la actual.

"Ha sido un fenómeno que ha evolucionado mucho en los últimos tres años y que ha pasado a ser incluso mediático, de manera que ahora no hay Ayuntamiento que se precie que no lleve a cabo políticas de participación y que no las considere esenciales", dice.

Reconoce que "a prácticamente todos los políticos les gustaría saber qué opina la mayoría de los ciudadanos, porque eso les respaldaría en la toma de decisiones", pero puntualiza que la recogida de opiniones debe ser responsable y un municipio no puede arriesgarse, por ejemplo, a tener que cuestionarse la anulación del resultado de una consulta por una participación insuficiente que no representa al conjunto de la sociedad.