Varios expertos en psiquiatría legal han reclamado hoy que se transfiera a las comunidades autónomas la competencia sobre los presos que sufran enfermedades mentales, para mejorar la coordinación en la asistencia a estas personas que suponen el 10 % de la población reclusa, como ya ocurre en Cataluña.
El vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal (SEPL), Alfredo Calcedo, ha asegurado que España tiene el mayor índice de población reclusa de la UE, con 150 presos por cada 100.000 habitantes, con una prevalencia de enfermedad mental "extraordinariamente alta", y que sufren "un conflicto entre administraciones" que dificulta su atención.
Calcedo ha detallado, en la rueda de prensa de presentación del XX Congreso Nacional de Psiquiatría Legal que ha empezado hoy en Palma, que el conflicto se debe a que las competencias sobre el sistema penitenciario son estatales, cuando las sanitarias son de las comunidades autónomas, excepto en el caso de Cataluña que tiene transferidas ambas y "ha mejorado notablemente la atención a estos presos respecto al resto de España".
Según el especialista, se estima que "un 10 % de los presos sufren transtornos mentales, excluyendo las adicciones que elevan esa cifra a un porcentaje mucho más alto". Esta prevalencia genera "una carga asistencial tremenda" en los centros penitenciarios, "con más reclusos en la enfermería que en cualquier hospital de salud mental".
"Sería deseable que mejoren los recursos en salud mental penitenciaria y que esta competencia se transfiera a las comunidades autónomas, como ocurre en todos los países del entorno", ha reclamado el experto como solución.
Calcedo considera que "hay muchos presos que podrían estar atendidos en centros sanitarios, pero son rechazados por la administración sanitaria", que es autonómica y que no se hace responsable de su custodia.
La experta en psiquiatría legal Blanca Morera ha explicado que el problema en este caso es que en las unidades de rehabilitación psiquiátrica (que han reemplazado a los manicomios) "los propios profesionales se resisten a hacerse cargo de reclusos porque son centros de puertas abiertas".
Morera ha puesto como ejemplo el caso real de una persona condenada en San Sebastián, que no va a ir a la cárcel por eximente de un problema de salud mental, pero deberá cumplir condena en uno de los dos únicos hospitales psiquiátricos penitenciarios existentes en España, situados en Alicante o en Sevilla.
Según Morera, que esta persona sea desplazada de Guipúzcoa a un lugar tan lejano le va a generar "un nivel de desarraigo y de falta de contacto con elementos rehabilitadores de su entorno natural que dificultarán su mejora terapéutica".
"Es un problema pendiente porque no hay un encaje entre Justicia y psiquiatría que todos estamos deseando que exista pero que llevará unos años", ha zanjado Morera.