El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria ha obligado al Servicio Canario de Salud (SCS) a revisar los historiales clínicos del Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Canarias (HUC) al entender que las reclamaciones presentadas por la Asociación de Afectados por el Servicio de Cirugía Cardiaca del HUC por supuesta mala praxis no habían prescrito, tal y como ha dado a conocer el abogado José Luis Langa en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el presidente de la Asociación, Nicolás Sosa.

El Servicio Canario de Salud (SCS) argumenta que estas reclamaciones habían prescrito porque desde la fecha en la que se produjo el daño, el fallecimiento o las secuelas en pacientes de este Servicio había transcurrido más de un año. Sin embargo, el Juzgado entiende que ese año tenía que empezar a contarse desde que los afectados tuvieron conocimiento del daño producido, hecho que ocurrió a raíz de una información publicada en los medios acerca de una auditoría externa en la que se hace referencia a una "exagerada mortalidad" en el Servicio de Cirugía Cardiaca del HUC.

José Luis Langa ha explicado que por el momento ha habido cuatro sentencias, dos de las cuales respaldan este argumento. En los otros dos casos el Servicio Canario de Salud ha admitido que las reclamaciones sí fueron presentadas dentro del año desde el que se produjo el fallecimiento del paciente, por lo que existe la posibilidad de poder alcanzar un acuerdo indemnizatorio.

Ahora bien, la compañía aseguradora del Hospital Universitario de Canarias ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al no estar de acuerdo con las sentencias. Según José Luis Langa, este recurso "pretende dilatar un proceso que, seguramente, se revolverá con una indemnización".

El pasado lunes la Asociación de Afectados solicitó formalmente una entrevista con el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Fernando Bañolas, para pedirle que el SCS examine los historiales clínicos del Servicio de Cirugía Cardiaca del HUC. Si a través de ese análisis se demuestra que ha habido una responsabilidad patrimonial, la Asociación solicitará al consejero que no se dilate este proceso con nuevos recursos ante los tribunales superiores de justicia y recursos posteriores que pueden prolongarse hasta el Tribunal Supremo, habida cuenta de que "el dolor de las familias afectadas no se puede mantener años, años y años", remarcó el abogado.

Langa ha querido recordar que todas estas reclamaciones se derivan de una auditoría externa hecha por dos jefes de servicio de la Fundación Jiménez Días y el Hospital Clinic de Barcelona en la que se decía --como también se recoge en la sentencia-- que el índice de mortalidad del HUC era "exagerado". "Eso lo ocultaron y siguen ocultándolo porque oficialmente la Asociación de Afectados no ha tenido conocimiento de esa auditoría", apuntilló el letrado, quien ha aclarado que sólo lo han tenido a través de un proceso paralelo que se está tramitando en un juzgado de instrucción de La Laguna, donde el jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular del HUC está imputado como consecuencia de una denuncia que se presentó ante la Fiscalía por un presunto caso de mala praxis.

EL ORIGEN: MERCEDES ROLDÓS

Para la Asociación de Afectados, el origen de este proceso está en la actuación de la anterior consejera de Sanidad, Mercedes Roldós. Durante el tiempo que estuvo al frente de la Consejería, apuntó José Luis Langa, fue el secretario general técnico quien atendió a la Asociación, quien llegó a decir que si se demostraba que había habido existido cualquier tipo de negligencia médica "asumirían la responsabilidad". Sin embargo, el abogado ha puntualizado que los afectados no han tenido posibilidad de demostrar en la vía contenciosa-adminmistrativa tal hecho porque hasta el día de hoy los historiales clínicos en los que se indicaba que habían existido mala praxis no se han examinado. "El SCS, la Consejería y el HUC no han entrado en el fondo del asunto y ponen siempre el muro de la prescripción, el cual ha empezado a derribarse con estas sentencias", recalcó.

En consecuencia, el presidente de la Asociación, Nicolás Sosa, ha exigido a la exconsejera una disculpa pública por su actitud y sus declaraciones, dado que, tal y como recordó, Mercedes Roldós "llegó a decir que los afectados buscaban dinero aprovechando el dolor de sus familiares o que estaban creando el terror en una entidad tan respetable como el SCS".

De igual forma, ha pedido al resto de integrantes de la Asociación de Afectados que "no desfallezcan, que se animen y que renueven su confianza en los jueces, dado que ya están comenzando a ayudarles".