China, el país más poblado del mundo, comienza hoy la titánica tarea de contar a sus habitantes, algo que no hacía desde hace 10 años y un trámite que por primera vez incluirá a los extranjeros que residen en el gigante asiático.
A tal fin, un ejército de 6,5 millones de encuestadores comienza hoy a visitar 400 millones de familias del país para elaborar un censo lo más exacto posible, recopilando además datos sobre sexo, ocupación y nivel educativo.
El censo, calificado hoy por algunos medios chinos como "la mayor movilización social en tiempos de paz", es el sexto que se llevará a cabo en el país desde el inicio del régimen comunista en 1949, y es elaborado por el Buró Nacional de Estadísticas.
El anterior, elaborado en 2000 (suele haber uno por década) situó la población china en 1.295,33 millones de habitantes, aunque ahora se calculan unos 1.340 millones, cifra que se detallará con más exactitud en abril de 2011, cuando Pekín publique los resultados oficiales.
La principal novedad del censo 2010 es la inclusión en él de residentes de Hong Kong, Macao, Taiwán y extranjeros, con lo que el país estudiará por primera vez en detalle la inmigración foránea en un momento en el que el país se abre gradualmente al mundo exterior.
Además, por primera vez el censo tendrá en cuenta a los residentes chinos no por el lugar donde oficialmente están empadronados (el llamado "hukou"), sino por el sitio donde viven en realidad, un cambio crucial en un país donde hay más de 100 millones de emigrantes rurales en las ciudades.
La tarea entraña no pocas dificultades, ya que por ejemplo muchos de esos inmigrantes rurales no están registrados en las ciudades donde trabajan, porque sencillamente no se les permite (debido a las políticas de limitación de la emigración interior).
Otro problema para contar a los habitantes chinos radica en la existencia de un número, grande pero desconocido, de "hijos clandestinos" de familias que han violado la política del "hijo único" y para evitar multas no han registrado alguno de sus vástagos.
Muchos intentarán estos días no revelar su número real de hijos a los funcionarios del censo, lo que podría mermar la exactitud de éste.
Ante esta posibilidad, el Gobierno chino aseguró en las semanas previas al inicio del censo que durante éste habrá cierta "amnistía" a los padres que revelen la existencia de alguno de esos hijos "clandestinos", aplicándose multas más reducidas de lo habitual.
También se ha prometido que la información recolectada en el censo será secreta y confidencial, ante el temor de algunos a que se utilicen los datos recopilados con oscuros fines.
Cada encuestador debe entrar en una media de entre 80 y 100 hogares, algo que, según la prensa china, no siempre será fácil, por el creciente celo de los chinos por su privacidad.
Si un encuestador se encuentra con la oposición de una familia para entrar en la casa y llevar a cabo su tarea, podrá solicitar ayuda de la policía local.
Tras estas labores, en una segunda etapa, del 11 al 30 de noviembre, se efectuará otra ronda del censo, pero esta vez visitando a uno de cada 10.000 habitantes escogidos al azar y que deberán rellenar un formulario más largo y con más datos.
El censo costará unos 8.000 millones de yuanes (1.195 millones de dólares, 857 millones de euros) y será utilizado por el Gobierno para establecer políticas escolares o sanitarias, entre otros usos.
China, un país históricamente superpoblado, aplica desde hace tres décadas políticas de contención demográfica encarnadas por la famosa ley del "hijo único", que prohíbe a muchas familias -principalmente las urbanas- tener más de un vástago.
Según la Comisión de Población y Planificación Familiar de China, que se encarga de aplicar esta ley, China actualmente tendría 1.700 millones de habitantes si no se hubieran puesto en práctica políticas demográficas, en lugar de los 1.340 actuales.
Sin embargo, éstas también han tenido efectos negativos, como el envejecimiento de la población o el desequilibrio de sexos.