Lejos de los estereotipos de la gran pantalla, quince años de juicios con jurado dejan imperfecciones no previstas en la ley e intentos de hurtar al tribunal popular procesos que, en principio, eran de su competencia. Asuntos como el "caso Wanninkhof" -donde Dolores Vázquez fue primero culpable y luego inocente- o el del asesino confeso de dos homosexuales en Vigo -primero absuelto, luego condenado- abonan la desconfianza en la "capacidad" de los ciudadanos para juzgar y ha llevado a "retorcer" la ley, en vigor desde noviembre de 1995, para que lleguen a sus manos los menos casos posibles.

En los últimos diez años, las causas juzgadas por "jueces legos" se han reducido casi a la mitad -de 433 en 2000 a 281 en 2009-, indicó el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro. "El procedimiento es tan farragoso, tan lento y costoso que no es extraño que se evite, siempre que se pueda", incidió la magistrada de la Audiencia de Madrid María Tardón para justificar esa "huida del jurado". La opinión de los españoles también ha variado: si en 1996, año del primer juicio con jurado, el 49 por ciento prefería ser juzgado por un tribunal popular; hoy el porcentaje ha bajado al 44 por ciento; mientras que quienes eligen a los magistrados profesionales han subido en ese periodo del 37 al 52 por ciento.

La razón puede estar en la "dureza" de los jurados -sólo absuelven a uno de cada diez acusados-, aunque los delitos que más juzga son homicidios y asesinatos, en ocasiones con pruebas "contundentes", apuntó Magro.

En 1997, Mikel Otegi fue absuelto por un jurado que creyó que "no era dueño de sus actos" cuando, en estado de embriaguez, disparó y mató a dos ertzainas. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el Supremo y el Constitucional ordenaron repetir el juicio, pero Otegi ya había huido a Francia, donde no fue detenido hasta 2003.

En 2001, la polémica se trasladó a Málaga con el "caso Wanninkhof": un jurado declaró culpable a Dolores Vázquez, ex compañera sentimental de la madre de la víctima, pero el TSJ andaluz anuló la sentencia y Vázquez fue inocente para otro tribunal popular, que condenó al británico Tony King. Más reciente es el caso del asesino de una pareja de homosexuales en Vigo, absuelto por un primer jurado que consideró que actuó por "miedo insuperable" y culpable para el segundo.

Pronto se decidirá si el caso de Marta del Castillo lo resuelven jueces profesionales o ciudadanos, en medio del debate sobre si las presiones de medios de comunicación o del entorno social pueden comprometer la imparcialidad o el sosiego de los jurados. Tardón admite que no es fácil impedirlo, "más en un momento en el que los asuntos especialmente notorios han sido dramatizados en series de televisión, contando lo que pasó antes del juicio".

El jurado español

La Ley del Jurado optó por un sistema puro: nueve hombres y mujeres elegidos por sorteo deciden sobre la culpabilidad del acusado y los hechos probados y, después, el magistrado de la Audiencia Provincial que preside la vista fija la pena. La diferencia con el modelo anglosajón, el más conocido gracias al cine, es que aquí el jurado debe motivar su decisión.

Esta es una de las pegas de los "anti-jurado" por las dificultades de ciudadanos "legos en Derecho" frente a los matices jurídicos que separan, por ejemplo, un homicidio de un asesinato.

Para ser juraro basta con ser español, mayor de edad, no haber sido condenado por delito, saber leer y escribir, ser vecino de la provincia donde ocurrieron los hechos y no tener impedimentos físicos o psíquicos. Quedan excluidos autoridades del Estado, jueces, fiscales, abogados y miembros de las Fuerzas de Seguridad. Pueden plantear "excusas" los mayores de 65 años y quienes sufran trastornos por cargas familiares o tengan trabajos de interés general, aunque se plantean pretextos de todo tipo, "a veces tan extremos como invocar motivos religiosos para no juzgar a un semejante", dice Tardón.

Se suele tener "flexibilidad", explica Magro, con estudiantes en fechas de exámenes o con quienes acaban de encontrar trabajo y tienen miedo al despido. Otros son descartados por acusaciones o defensas.