La costa española está deslindada en el 93 por ciento de su longitud, según el informe sobre la aplicación de la Ley de Costas de 1988 presentada hoy al Consejo de Ministros por la titular de Medio Ambiente, Elena Espinosa.

Así, mientras desde 1988 hasta el año 2003 se habían deslindado 4.659 kilómetros, desde el año 2004 se deslindaron 3.830 kilómetros, realizándose tan sólo en el año 2009 el deslinde de 768 kilómetros y en lo que va de año 2010 de otros 506 kilómetros de litoral.

La ministra ha recordado que la Constitución de 1978 reconoce la calificación de dominio público marítimo-terrestre, que resulta "incompatible con la existencia de enclaves de titularidad privada sobre el mismo".

El instrumento técnico para la delimitación del dominio público marítimo- terrestre, según establece la Ley es el deslinde, que declara la existencia, la extensión y los linderos de los bienes de dominio público en un determinado tramo de costa.

Este instrumento se ejerce a través de un procedimiento en el que se incorporan informes periciales, alegaciones de particulares a los que se notifica personalmente, e informes de otras administraciones.

La decisión puede ser revisada en vía administrativa y contencioso-administrativa, como garantía para evitar errores y arbitrariedades.

El 96 por ciento de los recursos presentados ante las instancias judiciales han sido parcial o totalmente rechazados por éstas, desde que se aplica esta figura.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, lleva a cabo en la costa española obras de interés general, que se agrupan en torno a tres objetivos.

El control de la regresión de la costa, la protección y recuperación de los sistemas litorales y la dotación para el acceso y uso público de la costa.

Entre los años 2008 y 2010, el citado ministerio ha destinado a estas actuaciones 779 millones de euros.

El programa de adquisición de fincas del ministerio se estableció para la incorporación de terrenos de elevado valor ecológico, o sometidos a presión urbanística, de forma que quede garantizada la conservación y protección del mismo.

Desde el año 2005 el Ministerio de Medio Ambiente ha destinado más de 75 millones de euros a este programa.