Ser mujer extranjera en situación administrativa irregular y víctima de violencia de género pone a este colectivo en una tesitura de triple discriminación en la sociedad.

Este periódico se ha acercado a casos reales de este perfil y se pone de manifiesto que la posibilidad de denunciar el maltrato "no se les pasa por la cabeza". A no ser que denuncien los vecinos, ellas lo sufren todo en soledad.

Se trata de mujeres extranjeras no comunitarias que se han quedado en situación administrativa irregular, después de haber entrado en Canarias como turistas, con un permiso de estancia de tres meses, que dejan expirar en la Islas.

Además, la mayoría tiene hijos. Se da la circunstancia de que son madres de menores de edad que sí tienen nacionalidad española, porque han nacido fruto de la relación con un hombre español. Pero, también se da la paradoja de que el progenitor de estos menores no se ha casado con la extranjera, lo que le hubiera otorgado la nacionalidad, sino que ha convivido con ella permitiendo que siguiera en situación irregular.

Según el testimonio de las personas entrevistadas por este periódico, que se encuentran acogidas por la Red de Violencia de Género del Cabildo tinerfeño, la pareja no quería formalizar la relación con la mujer, precisamente, para mantenerla sometida y asegurarse de que no va a denunciar, porque, en este caso, teniendo en cuenta su situación administrativa irregular, ¿dónde irá esta mujer que no tiene familia, ni ingresos, ni puede acceder a estudios reglados, ni tiene derecho a solicitar ayudas sociales permanentes?

"Mi vecina activó el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Maltratadas (DEMA) al oír la bronca en mi casa, porque a mí nunca se me había ocurrido denunciar a mi pareja, entre otras cosas, porque aquí no tengo familia, ni amigos, ni trabajo, a pesar de sentirme maltratada durante años".

Este es el testimonio de una extranjera, no comunitaria, en situación administrativa irregular, que espera de la sentencia judicial definitiva de su caso.

Por razones obvias, este periódico no puede facilitar ningún dato personal de estas mujeres, que viven como en el anonimato.

Son usuarias de la red de violencia, donde una de ellas asegura: "me siento entendida, querida, comprendida y valorada".

Como el resto de las mujeres de la red insular, comprende que a las víctimas de violencia "ni se les pase por la cabeza poner una denuncia por agresión", máxime, en el caso de que existan hijos menores, pero, después de haber comprobado que existe la Unidad de Violencia de Género, estas personas animan a cualquier mujer que sufra maltrato a denunciar la situación, aunque no tengan sus papeles en regla.

"Yo justificaba todas las acciones de mi pareja y siempre pensaba que pronto cambiaría, que me compensaba aguantar un poco, incluso, que me lo merecía, es decir, psicológicamente le disculpaba y así día tras día, hasta temer por mi integridad física, pero, a la vez, encontrándome atada a él, por no tener familia, ni trabajo", relata otra víctima, que ahora, a pesar de que ha abandonado la casa de su pareja, se encuentra "secuestrada" en España. No puede volver a su país porque vive con sus hijos menores en Canarias, que son españoles y están a su cargo, pero, tiene difícil su futuro, porque no consigue trabajo, a pesar de que cuenta con capacidades y preparación. Su único y gran problema es que sólo le falta "estar legal".

Varias confiesan que han tenido que activar el DEMA en más de una ocasión, porque después de presentar la denuncia y de salir de la casa del agresor, la mujer vuelve al hogar, a intentarlo otra vez, por si hubo precipitación. Es lo que ellas mismas denominan "dependencia emocional".

Las oficinas comarcales de la Unidad de Violencia de Género del Cabildo ofrecen asesoramiento y ayuda psicológica, además de poner a disposición de las víctimas trabajadores sociales especializados, que apoyan a estas mujeres que se enfrentan a una dura situación tras la denuncia, sobre todo, porque, según detectan todos los casos, la burocracia judicial es muy lenta y, hasta que no se dicta una sentencia favorable para la mujer, "tiene que sobrevivir en un limbo".

Alguna de las mujeres extranjeras no conocen el Protocolo Interinstitucional de la Subdelegación del Gobierno canario en Santa Cruz de Tenerife, que ofrece a las mujeres extranjeras todas las facilidades a la hora de denunciar a sus agresores sin que su situación irregular sea un freno para la protección de sus vidas, de acuerdo a la Ley de Extranjería, que, frena el expediente de expulsión de la mujer en situación administrativa irregular en espera de la sentencia y, si es favorable, se facilita el permiso de residencia de la víctima.