La nueva Ley de Gobierno Local que prepara el Gobierno español y que podría entrar en vigor en 2011 establecerá la obligación de los ayuntamientos de empadronar a todos los ciudadanos que vivan en su territorio, incluidos los inmigrantes indocumentados.

Así lo anunció ayer el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, tras reunirse con los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a quienes explicó el contenido del proyecto que prepara para sustituir a la Ley de Bases del Régimen Local.

Precisamente, antes de esa reunión, la Ejecutiva de la FEMP dio su visto bueno al informe que la institución encargó a sus servicios jurídicos sobre el empadronamiento a inmigrantes tras el debate surgido en los últimos días por este asunto después de que el Ayuntamiento de Vic se negara a registrar a los indocumentados.

Ese informe, que ratifica la obligación municipal de empadronar independientemente de la situación legal del ciudadano, será remitido a los 8.112 ayuntamientos de toda España, tal y como adelantó el presidente de la FEMP y alcalde de Getafe, Pedro Castro.

Ante la polémica suscitada por este asunto, la FEMP, recordó Castro, dejó claro que "hay que empadronar absolutamente a todos" sin tener que "pedir ningún requisito adicional", por lo que los ayuntamientos que no lo estuvieran haciendo "estarían incumpliendo la ley".

Por su parte, Gaspar Zarrías insistió en que esa obligación de inscribir en el padrón "está bastante clara" en España y ha explicado que la futura Ley de Gobierno Local dedicará un capítulo al empadronamiento.

Así, el secretario de Estado de Cooperación Territorial indicó que la nueva norma, que sustituirá a la Ley de Régimen Local de 1985, "dejará claro que toda persona que viva en España tiene derecho a ser inscrita y la obligación de solicitar su inscripción en el padrón". Se trata, añadió Zarrías, de un derecho que "ocurría, ocurre y ocurrirá".

Por tanto, concluyó el número dos del Ministerio de Política Territorial, la nueva legislación municipal tendrá un capítulo, el dedicado al estatuto del vecino, donde se establecerá el derecho y la obligación de estar inscrito.

Según el informe jurídico encargado por la FEMP, los ayuntamientos tienen la obligación de registrar a los inmigrantes indocumentados en el padrón, y si no, el Estado, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), podrá hacerlo.

El informe recuerda que las corporaciones locales están obligadas a actualizar su padrón y, si no lo hacen, el INE, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá ejercer la acción sustitutoria prevista en la Ley de Bases del Régimen Local.

Recoge este texto que "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse" en el padrón y al hacerlo adquiere la condición de vecino del municipio en el que se empadrona, aunque esta inscripción "no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente".

Por otro lado, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en una entrevista a Radio Nacional de España recogida por Europa Press, subrayó ayer que la polémica del empadronamiento es un asunto "ya zanjado", a pesar de que el Partido Popular continúe, a su juicio, dándole vueltas a un debate "artificial", de cierta demagogia, que puede repercutir en los votos. Caamaño recalcó que el registro en el padrón municipal es "fundamental" para garantizar las condiciones jurídicas y los derechos básicos de las personas.