El PSOE no es partidario de regular la prostitución, tal y como proponen algunos dirigentes del PP, por considerar que la mayoría de las mujeres que la ejercen lo hacen de una forma forzada y que sería tanto como regular el trabajo infantil.

El debate sobre la degradación de la prostitución en Barcelona se ha extendido a más ciudades, pero ni partidos ni administraciones coinciden en cómo afrontar este problema.

El alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, pidió ayer una legislación general, del Gobierno central o del autonómico, que ayude a los municipios a limitar la expansión de la prostitución en los espacios públicos.

Sin embargo, el Gobierno catalán descartó la aprobación de una normativa específica sobre esta materia en el año que queda de legislatura, y subrayó que utilizará la legislación actual para tratar de minimizar sus efectos.

Tampoco en el seno del PP son coincidentes todas las posturas relacionadas con la prostitución, y, frente a la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de regular la prostitución, el concejal del PP en Barcelona Alberto Fernández Díaz insistió en que la solución debe ser "mano dura" y una prohibición expresa de esta práctica.

En el mismo sentido, y en pleno Raval barcelonés, el líder de CiU en el Ayuntamiento, Xavier Trias, declaró rotundamente ser partidario de la "abolición de la prostitución" de las calles.

En Lérida, el Ayuntamiento (gobernado por el PSOE) comenzó a multar a prostitutas que ejercen en la calle, tras la aprobación el pasado mes de febrero de una norma que prohíbe ejercer la prostitución en la vía pública.

Para el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), los ayuntamientos no tienen sin embargo que resolver "lo que otros no resuelven a nivel nacional", y consideró que prohibir la prostitución en la calle sin abordar el asunto de fondo es solo una solución "parcial".

El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, señaló que su partido está a favor de soluciones "complejas" del problema de la prostitución, y subrayó que defender la libertad de las mujeres para no ejercerla debe ser más importante que el problema de orden público que genera.

En rueda de prensa, González Pons se pronunció así al ser preguntado por la postura al respecto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ayer se mostró partidaria de que se regule la prostitución.

Al asunto se refirió también el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien subrayó que su departamento tiene como objetivo fundamental perseguir a las mafias o proxenetas que "obligan" a prostituirse a entre el 80 y 90 por ciento de las mujeres que se dedican a esta actividad en España.

Rubalcaba recordó que una ponencia parlamentaria trabajó en este asunto y llegó a unos acuerdos que Interior cumple "punto por punto".

Aquella comisión parlamentaria aprobó en 2007 un dictamen que se oponía a regular el fenómeno, al entender que en el 90 por ciento de los casos se practica de una forma forzada.

A esas conclusiones apeló también el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, y las parlamentarias socialistas Elena Valenciano y Matilde Fernández.