El debate sobre el anteproyecto del Gobierno sobre la Ley del Aborto se ha bloqueado en el Consejo del Poder Judicial (CGPJ), que no ha conseguido aprobar un informe, por lo que por primera vez en la historia el órgano de gobierno de los jueces no emite un dictamen sobre una reforma legislativa.

Durante la reunión del Pleno, el Consejo votó ayer el informe aprobado por la Comisión de Estudios, que respaldaba la constitucionalidad del texto pero veía oportuno que los padres fueran informados de que sus hijas menores iban a abortar, y no logró una mayoría suficiente para su aprobación (12 votos), ya que se registró un empate a diez a favor (los vocales propuestos por el PSOE y PNV) y en contra (los del PP y el presidente) y una abstención, la del vocal Ramón Camp, propuesto por CiU.

Tampoco recibió el respaldo suficiente otro texto (contrario al texto del Ejecutivo y discrepante con el de la Comisión de Estudios), presentado por el vocal conservador Claro José Fernández, ya que recibió diez apoyos (los consejeros conservadores) y once en contra (los del PSOE, PNV y CiU).

Los vocales analizaron la posibilidad de elaborar un tercer informe, que se descartó, según explicó la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, teniendo en cuenta que ya se habían pedido dos prórrogas al Gobierno del plazo previsto para emitirlo y porque "pese a los grandes esfuerzos y trabajos, no se ha conseguido consensuar" un texto.

"El Consejo no va a emitir ningún informe", afirmó Bravo, quien reconoció que "la ley del aborto ha generado polémica, discusión doctrinal y posiciones encontradas" en la sociedad y en el seno del órgano de gobierno de los jueces.

Ante esta situación, el Consejo del Poder Judicial tendrá que comunicar al Gobierno que no emitirá su opinión sobre la reforma de la ley, que continuará su tramitación sin el preceptivo, pero no vinculante, informe judicial.

El informe de la Comisión de Estudios, cuya ponente fue Margarita Uría, avalaba la constitucionalidad del proyecto de ley del Gobierno, pero incidía en la oportunidad de que los padres fueran informados de que sus hijas menores de edad van a abortar.

Sobre la decisión de abortar, planteaba que cualquier mujer puede acordarlo por sí misma en el caso de que "tenga la suficiente capacidad intelectual y emocional para comprender el alcance de la intervención y las consecuencias que se derivan de ella, con independencia de que sea mayor o menor de 16 años".

Pese a que aconsejaba informar a los padres, también reconocía que pueden darse "circunstancias excepcionales" que fundamenten la "no información en beneficio de la menor".

El vocal de CiU justificó su abstención a este informe en que, aunque estaba de acuerdo "con la viabilidad constitucional de la introducción de un sistema de plazos para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo", considera que "no se ajusta a la Constitución, principalmente en relación al sistema de garantías".

El texto del vocal conservador estimaba inconstitucionales algunos aspectos de la reforma, en referencia al establecimiento de un modelo de plazos que permite a la mujer interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la decimocuarta semana de gestación.

"Cuanto antes"

Tras conocer la decisión del CGPJ, la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Carmen Montón, recordó que ésta "no es vinculante" y manifestó su deseo de que el texto "entre cuanto antes" en la Cámara baja, porque "ya tiene apoyo suficiente".

La diputada indicó que "ya queda menos" para que el texto entre en el Congreso, que, a su juicio, "es donde debe debatirse" y donde, aseguró, "ya hay una mayoría comprometida suficiente para que salga adelante". Para el PSOE, esta ley es la que "se adecua a la realidad del siglo XXI" y así "lo ratificará el Parlamento".