Ya han transcurrido nueve meses del trágico accidente del avión de Spanair, ocurrido el 20 de agosto de 2007 en Barajas, nada más despegar con destino a Gran Canaria, pero teniendo en cuenta los problemas que existen en la investigación -por la recusación de todos los peritos- y lo lento que va el procedimiento, puede que pasen años hasta que los afectados cobren su indemnización.

Por este motivo, Saturia Ortega, directora de la oficina de Gran Canaria del bufete de abogados Fernando Scornik Gernstein, cuyos servicios han sido contratados por el despacho estadounidense Podhurst Orseck, indicó que ha solicitado una ayuda de emergencia, "de carácter humanitario", para algunos afectados que han quedado vivos, pero con un elevado índice de dependencia, hasta que puedan cobrar la indemnización, que podría tardar años.

Así lo señaló Ortega a EL DÍA, quien, guardando la confidencialidad de sus clientes, explicó que algunas de las personas que están vivas tras el accidente "necesitan ayuda diaria urgente y real".

El bufete de abogados Fernando Scornik Gernstein está negociando esta subvención para algunos de sus clientes que presentan un caso "de extrema necesidad", según indicó Ortega, pero esta misma situación se puede dar en otros supervivientes, 18 en total.

Esta ayuda tendrían que abonarla las aseguradoras, sin que se lleve a cuenta de las indemnizaciones, sino en concepto de humanidad, resaltó Ortega.

Su despacho lleva el caso de diez familias canarias, en las que se encuentran muchas personas vivas, "que han podido elegir quién las defiende", destacó la letrada. Este despacho grancanario fue el primero que se ofreció a defender a los afectados por el accidente del avión de Spanair, donde viajaban 78 personas residentes en Canarias.

Los abogados de Gran Canaria, en colaboración con el despacho estadounidense Podhurst Orseck, negocia las indemnizaciones, que, en el caso de los muertos, pueden llegar a un millón de euros por fallecido y la cifra se elevará para los que han quedado con vida, porque EEUU abona generosamente los daños psicológicos, en contra de lo que sucede en España, donde ni siquiera se contempla esta posibilidad, afirmó la letrada.

"Si en España existiera un baremo de indemnización suficiente, no vergonzoso, como el actual, sino razonable, nadie se hubiera ido a Estados Unidos", precisó la abogada a este periódico unas semanas después del accidente, el pasado año.

Según destacó, las indemnizaciones por este tipo de accidente en EEUU suelen ser mucho más elevadas debido a que se valora más el daño psicológico de las víctimas, y pueden superar en cinco o seis veces las logradas a través del sistema jurídico español.

Las demandas se llevan a través del bufete de abogados estadounidense Podhurst Orseck contra el constructor aeronáutico estadounidense Boeing y Pratt&Whitney, fabricante de algunas piezas de la aeronave siniestrada.

No obstante, este despacho sufrió algunas críticas por su iniciativa, cuando Ortega manifestó en aquella ocasión que antes de tomar la decisión de representar a sus clientes canarios habló con el Colegio de Abogados de la provincia y recibió su visto bueno.

Sin embargo, el pasado 24 de abril, otro bufete español convocó a la Asociación de Víctimas del Accidente JK-5022, para presentarles también un despacho de abogados estadounidense para defender su caso -a pesar de que hace meses criticaron al de Saturia Ortega por esta iniciativa- debido a que los norteamericanos cuentan con amplia experiencia en accidentes aéreos y la jurisdicción norteamericana establece que las indemnizaciones las fija el jurado popular sin límite de cantidad, por lo que las empresas afectadas, en este caso Boeing y Pratt&Whitney, les pasarán el caso a sus aseguradoras.