A un día de la huelga convocada por las asociaciones de jueces, el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha reclamado a las personas "con cordura" de la carrera judicial ejercer mañana la "responsabilidad que se les presupone como "titulares de un poder del Estado". Y es para Bermejo, esta jornada de huelga supone una "degradación del sistema". Por su parte, PNV y ERC ven "legítimas" y razonables las demandas de los jueces pero no consideran que este sea el momento para realizar la huelga.

"Hoy, en pleno siglo XXI asistimos a una situación en la que el diálogo social funciona de un modo fluído", aseguró Bermejo. Por eso, ve como una "gran paradoja" y un hecho "llamativo" que los pilotos de Iberia, los controladores aéreos y los jueces se pongan en huelga y no el proletariado, para los que surgió el origen del derecho a la huelga. Ante esta situación, el titular de Justicia quiso advertir de la "gravedad" que supone que precisamente los profesionales de la magistratura se pongan en huelga cuando representan un poder del Estado. Asimismo, el ministro subrayó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá adoptar las "medidas" que estime necesarias ante quienes acudan a la huelga convocada por las asociaciones.

A su juicio, esta jornada de huelga supone una "degradación del sistema" y las acusaciones que critican la falta de voluntad de diálogo del Ministerio de Justicia, "una broma de mal gusto". No obstante, Bermejo consideró que será "una minoría" la que secunde la huelga. En este punto, recordó que el órgano de gobierno de los jueves ya ha confirmado que no existe marco legal para esta movilización y defendió que, aunque no había un clima de pleno entendimiento, sí que había una "comunicación fácil" que prometía "un buen desarrollo" de las negociaciones entre asociaciones y justicia.

En declaraciones a la Cadenas Ser recogidas por otr/press, Bermejo dijo vivir "negativamente" este anuncio, por la "decepción de ver a titulares de poder del Estado en una actitud que no se corresponde con su responsabilidad". Como fiscal, reconoció tener "un plus de sabor amargo" porque "lo último que podía pensar era ver a unos jueces en huelga". Bermejo también defendió que su departamento ha puesto encima de la mesa ofertas concretas y criticó que las asociaciones renunciaran en un primer momento a debatir mejoras salariales a corto plazo, y ahora haya vuelto a tener la reivindicación retributiva como "uno de sus pilares" de protesta. SERVICIOS MÍNIMOS

A diferencia del ministro de Justicia, el portavoz de Galicia de Jueces para la Democracia, Luis Villares, aseguró que no cree que la huelga de Magistrados de mañana provoque colapsos en la Justicia, sobre todo después de pactarse unos servicios mínimos de autorregulación. En este sentido, aseguró que el sistema no se verá afectado en lo esencial.

Según explicó Villares en un desayuno con informativo en Lugo, los servicios mínimos pactados, van dirigidos a "respetar los derechos fundamentales en los aspectos más esenciales, en todo lo que tiene que ver con la libertad de las personas y también las instrucciones en el Registro Civil más urgentes". Además, aseguró que tampoco se verán afectados los servicios de guardia.

Tras recordar la demanda de respeto a la independencia judicial, la mejora de la oficina judicial y la creación de nuevos juzgados y más medios, Villares manifestó que la crisis también está incidiendo en una mayor carga de trabajo en los juzgados. "Todo lo que tiene un reflejo social, tiene un reflejo jurisdiccional", recalcó. Así, apuntó que los procesos por despidos aumentaron un 65% y los impagos por hipoteca un 130%.

Con relación a estas reclamaciones, la vocal territorial del Consejo General del Poder Judicial para Canarias, Concepción Espejel Jorquera, señaló que son "justas" porque atienden a una falta de medios para conseguir una justicia ágil y de calidad. Además, Espejel recalcó que el CGPJ nunca se manifestó sobre la inexistencia del derecho de huelga ni sobre posibles medidas disciplinarias, aunque aseguró que sí que se estudiarán posibles incumplimientos de los servicios mínimos, algo que consideró poco probable.

Al margen de este posicionamiento, la vocal también recalcó que el CPGJ quiere liderar las negociaciones con el Ministerio de Justicia sobre la transferencia de estas competencias las comunidades autónomas. HUELGA RAZONABLE PERO INOPORTUNA

Mientras, le legalidad de esta huelga sigue siendo debatida en las esferas políticas. Así, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, insistió en que los jueces no tienen derecho a huelga y puso varios ejemplos para avalar esta tesis. Así, se preguntó si alguien puede imaginar ejerciendo ese derecho a los miembros de la sala 61 del Tribunal Supremo que ilegalizaron Batasuna o al responsable del juzgado que debe conceder una orden de protección o encarcelar a un presunto asesino. Por ello, aseguró que "nadie debería tener ninguna duda" de que quienes ejercen un poder tan importante, "no pueden ejercer la huelga y no es justo que lo hagan", ya que además los ciudadanos pueden ver mermado su derecho a la tutela judicial.

Por su parte, el PNV también rechaza le huelga pero considera que los jueces y magistrados "tienen razón" en sus reivindicaciones. Así, el portavoz de este partido en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, señaló en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que esta huelga no es "oportuna" ni "presentable" en un momento en el que la prestación de la justicia está "tan deteriorada". En la misma línea se manifestó el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, quien reconoció la "legitimidad" de las reivindicaciones de los jueces una vez que el Gobierno no ha afrontado la modernización que prometió al inicio de la legislatura. No obstante aclaró que no comparte la "conveniencia" ni la "oportunidad" de esta huelga de magistrados.

Esta semana de movilizaciones ya se ha notado en la capital madrileña. Cientos de funcionarios de la Administración de Justicia de Madrid obligaron, en esta segunda jornada de huelga, este mediodía a cortar la calle Gran Vía, en protesta por la precariedad laboral provocada por el incumplimiento del acuerdo firmado por el Ejecutivo autonómico en diciembre de 2007. Además, los empleados públicos se concentraron frente a la sede de la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid para exigir a su titular, Francisco Granados, la implantación de medidas inmediatas que resuelvan el progresivo deterioro de la Administración de Justicia en la región.

La huelga iniciada ayer por 5.800 empleados públicos obligó a suspender en la región madrileña 1.200 actuaciones judiciales y 900 juicios. En el día de hoy, los sindicatos cifraron en un 80% el seguimiento del paro en Madrid, una cifra muy similar a la de ayer, mientras que la Consejería de Presidencia y Justicia madrileña lo rebajó a un 38,66%.