Una ginecóloga del Hospital Clínico de Barcelona ha aceptado hoy una multa de 1.080 euros por una falta de imprudencia leve en la muerte de un feto durante un parto, al que trató de extraer indebidamente mediante el uso de fórceps, causándole una hemorragia cerebral y otras lesiones encefálicas.
La acusada, María Mercedes P.G., que se enfrentaba a una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial por tres años por un delito de homicidio por imprudencia profesional, ha acordado de conformidad el pago de la multa, además de una indemnización de 66.000 euros por daños morales, a cargo del seguro del hospital.
Según ha declarado el abogado de la acusada a Efe, se ha optado por un pacto "para no entrar en una guerra" y evitar el "drama" que podía suponer para ambas partes el alargar el proceso.
Los hechos sucedieron la noche del 30 al 31 de diciembre de 2004, cuando la procesada, médica adjunta del servicio de Neonatología del Hospital Clínico, decidió utilizar el fórceps de Kjelland -instrumento en forma de tenaza- para que el parto finalizase por vía natural, y así evitar al feto un más que probable sufrimiento debido a una acidosis moderada detectada.
Esta decisión inicial, considerada correcta dada la dilatación completa de la madre y que la vía natural era más rápida que la cesárea, resultó dificultosa en extremo y sometió al feto a un gran riesgo, sin que la ginecóloga interrumpiera entonces el uso del fórceps u optara por la cesárea.
En consecuencia, el feto sufrió varias lesiones encefálicas que le causaron la muerte, entre ellas hemorragia cerebral y cerebelosa subaracnoidea, y en menor grado intraventicular, y hemorragia protuberancial severa, y en menor grado bulbar, además de insuficiencia respiratoria aguda por el sufrimiento.
Aunque era el segundo embarazo de la madre, de 40 años, era la primera vez que se exponía a un parto, ya que en la anterior gestación había sufrido un aborto espontáneo.
La acusada estuvo acompañada durante el parto por tres médicos residentes de primer, segundo y tercer año, a los que el fiscal ya solicitó el sobreseimiento provisional en la instrucción inicial.