La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Ejecutivo no va a modificar ni la ley ni el reglamento que desarrolla la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que es obligatoria para profesores y alumnos.
"Hay que impartir y hay que asistir a esta asignatura", afirmó De la Vega, para quien "aprender democracia y aprender a vivir en democracia no puede ser opcional".
La vicepresidenta subrayó que la enseñanza de la asignatura "no pertenece a ninguna ideología, partido político, doctrina ni, por su puesto, gobierno". Por ello, considera que la decisión del Supremo "no es una victoria del Gobierno, sino de la razón y de la sociedad democrática, de todos aquellos que creemos y luchamos por la convivencia en libertad".
En cuanto a si el Gobierno estaría dispuesto a dialogar con los padres, que han anunciado que recurrirán la decisión, la vicepresidenta ha afirmado que "dialogar siempre, no hay ningún problema en que podamos dialogar, como siempre".
Tras destacar su "satisfacción" por la decisión del Supremo, De la Vega añadió que el Gobierno "siempre ha estado convencido de que educar en valores democráticos" es "no sólo buena, sino necesaria".
La Educación para la Ciudadanía es "necesaria" para los estudiantes por ser el "bagaje más valioso de su formación" y necesaria para la sociedad, por que "una democracia madura y avanzada ha de apoyarse en ciudadanos conscientes y comprometidos con valores compartidos", dijo De la Vega.
"Hay que suprimirla"
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, aseveró que, pese a la sentencia del Supremo que rechaza el derecho a objetar Educación para la Ciudadanía, "sencillamente hay que suprimir" la asignatura.
Por su parte, la presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) alertó de que hay una "demanda brutal" de centros privados, que puede conducir al "colapso", ante la discrepancia de "miles de padres" en torno a Educación para la Ciudadanía.
La presidenta de esta patronal lamentó "profundamente" que la ministra no entienda que no todos los padres pueden elegir el centro que quieren para sus hijos, "bien por la falta de recursos económicos, bien por vivir en un medio rural". De los más de 1.600 centros que integran CECE, aproximadamente el 15 por ciento son privados y el resto, concertados.