Tras cerca de veinte días de deliberaciones que comenzaron el pasado lunes, el Tribunal Supremo (TS) hizo pública ayer su esperada decisión sobre el derecho a la objeción de conciencia ante la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC). La sentencia, cuyo contenido completo se dará a conocer en los próximos días, establece que no existe derecho a la objeción, aunque, según fuentes del proceso consultadas por Europa Press, podría incluir "matizaciones importantes" sobre los contenidos de la materia. Las familias objetoras ya han anunciado que recurrirán el fallo ante el Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La decisión del pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo se adoptó por amplia mayoría de los magistrados-22 votos a favor y 7 en contra-, que han concluido que el contenido de la asignatura no lesiona los derechos de los padres.
En los casos analizados "no existe" el derecho a la objeción de conciencia y los dos decretos estudiados, ambos referidos a la Educación Secundaria, "no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones", según el fallo.
El pleno examinó cuatro recursos de casación, tres referentes a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y una del de Andalucía. Los tres primeros denegaban el derecho de objeción a otras tantas familias y el cuarto se lo reconocía a unos padres.
Según informa Efe, los magistrados han estimado el recurso de la Junta de Andalucía y han desestimado parcialmente el de los padres a la de Asturias.
Las previsibles matizaciones de la sentencia estarían enfocadas en un doble sentido. Así, incluiría "recomendaciones al Gobierno para que modifique los contenidos de la asignatura", ya que "si bien considera que en sí mismo no son adoctrinadores, sí pueden dar lugar, a través de los libros de texto y de los profesores, a la imposición de criterios morales que son discutibles y que no forman parte del tenor constitucional".
Además, la sentencia apuntaría a que cabe otro planteamiento jurídico por el cual la objeción de conciencia frente a la materia "sí sería recomendable", en casos diferentes a los sometidos a recursos ante el TS; es decir, que "dependiendo del caso puede haber una respuesta distinta".
La sentencia constará de siete votos particulares o uno conjunto que aglutine la posición de los siete magistrados discrepantes.
"Catecismo socialista"
Profesionales por la Ética, una de las principales organizaciones contrarias a Educación para la Ciudadanía, presentará un recurso de amparo al Constitucional para pedir la suspensión cautelar de la obligatoriedad de cursarla, y también acudirá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Así lo ha declaró ayer el presidente de esta organización, Jaime Urcelay, quien advirtió de que el colectivo seguirá "todas las vías legítimas" para que se reconozca su derecho.
Por su parte, el Partido Popular, firme detractor de la asignatura, recomendó al Gobierno que no interprete que tiene "carta blanca para introducir un catecismo socialista en las escuelas" y consideró "una barbaridad" mantener la asignatura cuando no existe consenso sobre ella.