Esta es una historia repetida y resulta habitual conocer sus detalles en el Boletín Oficial de la Provincia porque así lo exige el trámite administrativo. Sin embargo, es muy poco conocida para la opinión pública y suele quedar en la experiencia del interesado. Se trata del período entre que un vehículo es retirado de la vía pública y su pase a la compactación, lo que popularmente se denomina el desguace. El guión de esta "película" comenzó el 14 de diciembre de 2016, cuando fue trasladado un ciclomotor al depósito municipal. Hoy, casi seis meses después, su propietario ni lo ha reclamado y ni siquiera ha sido localizado.

El Servicio de Seguridad Ciudadana y Vial del Ayuntamiento de Santa Cruz emitió el pasado 23 de marzo un informe que es la base de estas líneas.

En ese documento se especifica que el ciclomotor, pues de este tipo de vehículo se trata, fue trasladado por la Policía Local a finales del año pasado. Se requirió a su propietario en dos ocasiones, la última el 20 de febrero, para que lo retirara, previo abono de las tasas municipales correspondientes que van desde los cerca de 90 euros iniciales hasta llegar a los 720 con los intereses -4,42 por día en el caso de las motos- antes del paso a la compactación, que se haría si en el plazo de un mes no procedía al abono. A día de hoy, el titular no ha procedido, ni por sí mismo ni por persona autorizada, a retirarlo del depósito o a realizar cualquier otra actuación.

Los fundamentos de derecho para resolver el expediente aluden tanto a la Ley de Tráfico como a la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de la tasa por retirada de vehículos de la vía pública con grúa -el servicio lo da Grúas Cuchi y cuesta 55 euros en el caso de motocicletas y ciclomotores- y permanencia en el depósito.

Han transcurrido más de dos meses desde la retirada del vehículo y la resolución es "el traslado y tratamiento como residuo sólido en centro autorizado de recepción y descontaminación del citado ciclomotor". El dueño no se libra por ello de tener que abonar el importe del a sanción que asciende a un total 408,34 euros. Y tiene de plazo hasta el 20 de junio para abonarla en período voluntario antes de pasar a ejecutivo y procedimiento recaudatorio por la vía de apremio.