Ha sido un "expediente complicado", pero que al final se ha resuelto de manera satisfactoria para el sector del taxi de Santa Cruz. El Gobierno de Canarias autorizó ayer la equiparación de las tarifas, una vieja reivindicación de los taxistas que había tropezado con los informes contrarios de la Comisión de Precios.

Así lo comunicaron ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez, y la director general de Comercio y Consumo del Gobierno canario, Ángeles Palmero, tras la reunión que mantuvieron con representantes de las distintas asociaciones de taxistas de la capital. También estuvo presente el concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, Dámaso Arteaga.

La medida aprobada ayer, que entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), supone la equiparación de la tarifa urbana con la interurbana -los taxistas pretendían que solo hubiera una como en el resto de municipios-, con lo que la bajada de bandera pasará de los 2,35 euros de la actualidad a 3,15.

Como contrapartida, el salto del taxímetro se producirá cada dos kilómetros, y no cada 968 metros, como ocurre ahora. Es decir, que para el usuario la diferencia será de unos veinte céntimos.

"Lo que para cada persona que se suba en nuestros taxis puede ser poco, para nosotros es mucho", destacó Miguel Ojeda, portavoz de Élite Taxi Tenerife.

Esta acción supone "equiparar" a Santa Cruz al resto de la isla, y se ha adoptado "gracias a una gran labor del Gobierno de Canarias, y con el visto bueno de una amplia mayoría de los representantes del sector", valoró el alcalde, quien calificó como "clave" para desbloquear el asunto la reunión mantenida a finales de diciembre con el consejero regional de Economía, Pedro Ortega.

"Se trata de una muy buena noticia para la ciudad, que se ha producido por la vía del diálogo y el entendimiento, no supone una afección para los vecinos y ayuda al sostenimiento del servicio", indicó Bermúdez, quien se felicitó por el cumplimiento "de la hoja de ruta marcada" con el sector. "Y para nada ha condicionado la actitud del ayuntamiento y del Gobierno las movilizaciones que han hecho una parte de los colectivos", subrayó el alcalde.

En esta línea, Ángeles Palmero reconoció la complejidad de un expediente que se ha resuelto "sin fisuras", tras barajar muchos argumentos, a partir de los datos que ha aportado el ayuntamiento y a los de un estudio externo solicitado por el Ejecutivo canario, que ratifican el equilibrio financiero necesario para el sostenimiento del sector en el municipio.

Dámaso Arteaga, por su parte, destacó que este es un paso "importante" en el objetivo de conseguir la mayor competitividad del colectivo.

Como representantes del sector, tanto Emilio Davó, presidente de la Cooperativa Hogar del Taxista, como Miguel Ojeda, consideraron "satisfactoria" la medida anunciada ayer, si bien este último advirtió de que cuando se produzca la subida de la tarifa 3 por aplicación del IPC volverán a tener dos tarifas diferenciadas. "Si se diera ese caso podríamos estar hablando de cantidades muy pequeñas", precisó Arteaga.

Una vez publicada en el BOC -será enviada la semana que viene-, los taxistas tendrán un mes de plazo para adaptar los taxímetros de sus vehículos.

El TSJC rechaza el recurso de los taxistas

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechazó ayer el recurso que habían presentado cinco asociaciones de taxistas de la capital contra la suspensión de la manifestación prevista para mañana. En la setencia conocida ayer, el TSJC hace suyos los argumentos "de peso" que había esgrimido la Delegación del Gobierno para suspender la marcha, y a ellos se suma también el Ministerio Fiscal. Eso sí, el fallo del Alto Tribunal canario también deja claro que ni la Administración ni los propios taxistas propusieron alternativas al itinerario propuesto. De los tres magistrados del tribunal, uno emitió un voto particular.

Élite Taxi, UTAT, Radio Taxi San Pedro, Radio Taxi Santa María y Taxi Driver habían recurrido la pasada semana la prohibición por parte de la Delegación del Gobierno de la protesta que habían convocado para mañana viernes. Era la segunda vez que la Delegación rechazaba la intención del sector crítico del taxi de manifestarse, al entender que la marcha, que debía partir del Parque Marítimo y llegar hasta Los Rodeos, a 60 km/hora, podía producir alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes.