El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife primará que el derribo del edificio conocido como mamotreto situado al inicio de la playa de Las Teresitas se lleve a cabo con el método de cizalladora mecánica autopropulsada. Este sistema aprovecha la demolición, al triturar los elementos y prácticamente separar sus componentes. Por contra, se descarta la voladura controlada y el derribo por golpeo de grúa y maza. En el primer caso porque cada vez se utiliza menos, debido a la necesidad de recuperar y tratar los elementos resultantes, así como el peligro para las casas cercanas. En el segundo porque la estructura es de hormigón armado y está en parte semienterrada.

El proyecto de derribo ha sido diseñado por la empresa pública Gestur por encargo de la Corporación local. En la memoria se acepta la "grosera ilegalidad" de las obras ejecutadas en cuanto no se adecuaron a aspectos fundamentales del Plan General en vigor. A ello se une el acuerdo plenario para renunciar a la ejecución del proyecto del arquitecto francés, Dominique Perrault, ganador del concurso internacional de ideas convocado en su momento.

Después de diversos tiras y aflojas e intentos por parte del ayuntamiento para salvar de las palas la mayor parte posible del edificio, finalmente los técnicos y políticos condenados tendrán que hacer frente a este desembolso, aunque con anterioridad el ayuntamiento adelantará el dinero. El correspondiente concurso ya ha sido convocado y se resolverá en breve, su presupuesto es de 505.000 euros y un plazo de ejecución máximo de seis meses.

En principio lo único que sobrevivirá del edificio es una pared de un metro de altura en la carretera a Igueste de San Andrés, que sirva como protección a los transeúntes. También se estudia la posibilidad de dejar la losa de cimentación del sótano y rellenarla luego con picón. El objetivo es que se pueda reutilizar el máximo posible del material retirado, tanto en el acero, como áridos y piedras naturales e incluso el hormigón. En este caso existe la posibilidad de reciclarlo como árido para hormigón nuevo, relleno de terraplenes o hacer vigas y viguetas.

El edificio se encuentra en la actualidad paralizado desde 2008, cuando la Dirección General de Costas advirtió de que iba a invadir suelo de su propiedad. En aquel momento el organismo estatal también dejó claro que no firmaría el convenio de colaboración para regenerar la playa. Y ello era así después de que en 2007 el Tribunal Supremo (TS) anulara la operación de compraventa de las once parcelas del frente entre el ayuntamiento e Inversiones Las Teresitas (ILT), acordada en 2001. La razón no era otra que no haberse incluido en el expediente la valoración de la exarquitecta municipal, Pía Oramas, pese a que fijaba el precio en casi la mitad de lo pagado y que ésta se negó a suscribir otras tasaciones externas.