El exalcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo optaron por responsabilizarse mutuamente de los pormenores y líneas generales de la compra de Las Teresitas. Coincidieron en extender las culpas a los funcionarios. En el caso de Zerolo, a preguntas de la fiscal, María Farnés Martínez, dijo que apenas había participado en las negociaciones. Tan solo estuvo en una reunión en junio de 2001 en la que Ignacio González, el 50% de la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), propietaria de los terrenos, le planteó una oferta final de 8.700 millones de pesetas, frente a los diez mil que les reclamaban hasta entonces.

En ese encuentro estuvo Parejo y otra persona de la que dijo no recordar quién era. "Fue una reunión dura porque decían que les estábamos tomando el pelo y que iban a construir porque podían hacerlo y punto". De rebajar el precio se comprometían a pagar el concurso de ideas y a construir un nuevo campo de fútbol. Dice Zerolo que se enfrentaban a un ultimátum. "No acepté ni negocié ningún precio, lo impusieron. Nos dijeron o esto o nada. Luego vimos que todos los informes estaban a favor y decidimos".

La tramitación se llevó desde la Gerencia y él apenas se enteraba de los detalles. Ni siquiera se responsabilizó del contenido del decreto que convocó un concurso de ideas, pero le pareció una magnífica iniciativa porque les permitía ganar tiempo y así salvar la playa. Aceptado el ultimátum de los empresarios, convocó a los portavoces de la oposición, Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP) para informarles. El paso siguiente fue comprobar que existía un remanente de tesorería de 15.000 millones de pesetas para la operación. "De dinero íbamos sobrados", dijo.

Las fórmulas jurídicas para materializar la compra fueron responsabilidad de los funcionarios. Zerolo no supo explicar por qué aceptaron pagar una cantidad muy superior a las tasaciones elaboradas, una por la propia arquitecta municipal, Pía Oramas, que dijo desconocer. Se confesó dolido con las palabras del actual alcalde, José Manuel Bermúdez, en las que desmontaba su teoría de que no estaba al tanto de la operación. "Tenía la información suficiente y daba las directrices políticas, pero del 90% de lo que ocurría Parejo no me contaba nada", resumió.

De algunas decisiones se enteraba por casualidad porque "no tenía sentido que me metiera en reuniones en las que se hablara de urbanismo porque soy de letras".

Negó que el motivo de que el pleno en el que se aprobó el convenio fuera extraordinario y urgente se debiera al intento de evitar los efectos de la moratoria, como dijo la fiscal. Solo respondió a las preguntas de su abogado para ratificar que la operación era "un negocio perfecto porque se eliminaba volumetría, no se construía en el frente y se recuperaría el dinero con la venta de la parcela hotelera". Dijo que no le extrañaba que hubiese soltado "alguna lagrimita de satisfacción", tras firmar el acuerdo final. Los problemas posteriores los atribuye a "la politización". A partir de ese momento, "mucha gente me ha llamado ladrón corrupto", como un grupo de vecinos que lo esperaba ayer a las puertas del Juzgado.

JUICIO LAS TERESITAS