"La Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por nuestra plataforma sobre las supuestas mafias que trafican con la necesidad de vivienda de las familias más vulnerables". Así se manifestaba ayer por la tarde a través de las redes sociales la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Esta es una de las razones fundamentales (la indefensión), junto a "no aportar soluciones" y "la amenaza de ejecutar lanzamientos administrativos con el auxilio judicial y de la policía", para la sentada que protagonizaron ayer una veintena de miembros del colectivo y otras personas de distintas plataformas frente a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, en la calle José Manuel Guimerá Gurrea. "Vamos a repetir la acción todos los días hasta que nos reciba Fernando Clavijo, como nos prometió", añadió.

La PAH registró un nuevo escrito mientras en la rambla de enfrente el grupo coreaba consignas como "Clavijo (o Patricia por la vicepresidenta), al Albergue vete tú", "La vivienda es un derecho que está en la Constitución" o "Basta ya, ni un desahucio más".

La portavoz de la PAH, Inma Évora, recordó que "ya estuvimos aquí el pasado 20 de septiembre. No nos recibió y nos hicieron una llamada en el sentido de que lo haría la siguiente semana. Todavía estamos esperando, pese a la gravedad de lo denunciado".

La intención es mostrarle al presidente del Ejecutivo "las cartas amenazadoras desde el Instituto Canario de la Vivienda, el Icavi, y Visocan con 15 días de plazo para proceder a la ejecución forzosa".

Añadió que "aquí traemos las pruebas de diez expedientes similares en este sentido, pero, por desgracia, hay muchos más".

Évora no admite "la alternativa del Albergue Municipal, como ha dicho la consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández. Le decimos que vaya ella o el presidente en todo caso, pero que a la gente con problemas sociales, y enormes como es el caso, le busque una solución de habitabilidad".

Reiteró Évora "la presencia en los barrios de auténticas mafias que se apoderan de las llaves de las viviendas y presionan a las personas y familias desahuciadas o en riesgo de estarlo".

Hasta el momento, apostilló, "la Fiscalía no ha admitido a trámite la denuncia -por la tarde adelantaron la noticia de que sí- porque nos dicen que tenemos que dar datos concretos. Ya nos la jugamos a diario en la calle como para ir de manera directa contra quienes son prácticamente delincuentes".

Évora no quiso acabar sin hacer una referencia (negativa) a "la responsable prácticamente única de la oficina de intermediación hipotecaria porque no está mediando, sino va contra la parte más débil, el desahuciado".

Madre joven y enferma

Inma Évora aportó algunos perfiles que, dejó claro, "son historias reales y están entre los expedientes que hoy (por ayer) traemos aquí. Me limito a darles voz". Por ejemplo, "Yaiza, una joven madre, veinteañera, con una niña pequeña, de algo más de un año, y a la que han diagnosticado un cáncer de garganta. Ella, que vive en un barrio situado en el límite entre Santa Cruz y La Laguna, ha recibido como el resto esta carta amenazadora. Y está muy mal porque la perspectiva de verse en la calle es tremenda. Empezó a trabajar cuatro horas en una peluquería, pero ahora está de baja porque la tuvieron que ingresar de urgencia hace dos semanas para intervenirla".

Una deuda "eterna"

Otro caso "tan real como duro", valoró Évora: "Un padre de mediana edad, de Santa Cruz, que desde hace dos meses tiene la custodia compartida de sus dos hijos y debe 6.000 euros a Visocan. Solicitamos que le condonaran la mitad de la deuda, adaptar la cuota a su poder adquisitivo, mínimo, y que el resto de lo que debe se vaya reestructurando. No se niega a pagar un alquiler algo superior a 300 euros, pero no puede afrontarlo. Frenamos el lanzamiento a primeros del mes pasado y la oficina de intermediación le presenta un acuerdo, que firma, para abonar 100 euros mensuales sine die con una deuda que se acumulará. ¿Qué acuerdo es ese?".