La interventora delegada de Urbanismo Ester Pérez Gómez, cesada posteriormente, redactó en 2013 cuatro informes desfavorables al pago de una indemnización de 7.649.324,43 euros por daños y perjuicios a la UTE adjudicataria -formada por FCC Construcción y Construcciones Darias- de la obra de recuperación del viario del barranco de Santos. La razón del pago era un supuesto aumento de los costes causado por un retraso achacable a la administración. Luego de la sustitución de Pérez, en diciembre de 2013 el Consejo Rector de la Gerencia aprobó el pago en dos anualidades, más intereses, que se efectuó ya en 2014.

El 8 de febrero de 2013, la interventora apuntaba: "El informe emitido parece contradecir lo expuesto en el Dictamen del Consejo Consultivo... La administración sostiene que la paralización de la obra se debe a la exclusiva actuación de la contrata, que modificó las iniciales características del puente proyectado sin disponer de autorización".

El 5 de junio, la Intervención concluye: "... Se emite el reparo, suspendiendo su tramitación hasta tanto no sea solventado".

En su tercer informe, fechado el 18 de junio, expone: "...La factura se emite con antelación al acuerdo por el que se aprueba la indemnización. Por tanto, no es conforme, debiéndose devolver al proveedor... Se solicita informe técnico... en el que se pronuncie sobre la valoración realizada".

Las fuentes consultadas apuntan: "Este tercer documento es muy llamativo porque concluye que la factura se emite con anticipación al informe técnico y al acuerdo de la Junta de Gobierno. O bien se ha negociado previamente con la UTE para reducir la indemnización o se admite directamente la factura sin proceso de negociación. O se ha negociado otra cosa".

Por último, el 12 de agosto, la interventora se reafirma: "... La factura se emite con antelación al acuerdo por el que se aprueba la indemnización. Por tanto, no es conforme, debiéndose devolver al proveedor... Se formula el reparo de carácter suspensivo".

El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo del 30 de diciembre de 2013 -la interventora fue cesada unos días antes- aprobó pagar la factura con el apoyo de CC y PSOE, la abstención del PP y el voto en contra del grupo mixto. Otro capítulo de una serie todavía sin final: "Millones enterrados en el barranco".