El juicio civil por el caso de Las Teresitas comenzará el 17 de septiembre, según ha quedado fijado hoy en la audiencia previa, en la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e Inversiones Las Teresitas (ILT) se han ratificado en sus posiciones tras la declaración de nulidad del contrato de compraventa de los terrenos del frente de playa realizada en 2006 por el Tribunal Supremo.

En esa vista civil, el Ayuntamiento espera recuperar los 52 millones de euros que pagó por las once parcelas del frente de playa, más 22 millones en intereses, a Inversiones Las Teresitas SL, propiedad de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, en una operación pendiente de juicio penal en la que está imputado el exalcalde Miguel Zerolo.

Por su parte, Inversiones Las Teresitas reclama al Ayuntamiento una indemnización por el valor de los terrenos, ya que estima que el municipio no los puede devolver, y daños y perjuicios derivados de la falta de aprovechamiento, hasta un total de 116 millones de euros.

La titular del juzgado de instrucción número 6 de lo civil de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Serrano, ha admitido hoy todas las pruebas solicitadas por el Ayuntamiento, lo que ha llevado al primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, a mostrarse muy optimista con la posibilidad de recuperar el dinero.

Martín se ha mostrado especialmente satisfecho por la aceptación de que comparezca como testigo la entonces arquitecta municipal, Pía Oramas, que valoró los terrenos en 20 millones de euros en un informe que no se tuvo en cuenta, ya que el consistorio finalmente pagó 52 millones tras encargar una valoración privada.

La valoración de Pía Oramas se produjo antes de que entrara en vigor la moratoria turística para la construcción de hoteles, pero la compraventa se produjo cuando esa moratoria ya estaba vigente, lo cual debería haber disminuido aún más su valor.

Así lo declaró Pía Oramas cuando compareció como testigo en la fase preliminar de la causa penal de Las Teresitas, a la que aportó el informe, que no figura en los archivos municipales.

Por esa imposibilidad de encontrarlo, el representante legal del Ayuntamiento, Ruymán Torres, pidió a la magistrada que se reclame al juzgado penal para su incorporación a la causa civil, lo que Carmen Serrano aceptó.

Pía Oramas ha sido además llamada a declarar como testigo en la causa civil por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, lo que significa que se podrá contrarrestar su valoración de los terrenos como trabajadora pública frente a la valoración privada encargada después por los responsables municipales, subrayó José Ángel Martín en declaraciones a la prensa.

Según Martín, la nulidad del contrato de compraventa significa que el Ayuntamiento devuelve los terrenos e Inversiones Las Teresitas restituye el dinero cobrado más los intereses, un total de 74 millones de euros.

No obstante, aunque ILT recupere la propiedad, "nadie podrá especular nunca más" con esos terrenos, ya que no figuran como edificables en el nuevo plan parcial de Las Teresitas.

Además, Martín recordó que el Ayuntamiento puede demostrar ahora que los terrenos que compró en 2001 eran en realidad de propiedad municipal desde 1967, por lo que podrá recuperarlos en otro proceso judicial posterior.

En la audiencia previa de hoy, la letrada de ILT, Luz María Sosa, se ratificó en que en la compraventa de los terrenos hubo "causa torpe", al vulnerar el Ayuntamiento la Ley de Bases del Régimen Local, por lo que se debe restituir el valor de las parcelas y compensar por los derechos de edificabilidad adquiridos que no se pudieron ejecutar.

El Ayuntamiento plantea la devolución física de los terrenos, pero ILT lo rechaza y argumenta que cuando se vendieron eran dos parcelas comerciales y nueve hoteleras, mientras que ahora es suelo público sin derechos edificatorios, por lo que pide que se restituya su valor original.

El letrado municipal sostuvo en la audiencia previa que los terrenos se pueden devolver porque no han sido transformados.

Subsidiariamente, en el caso de que no se pudieran restituir los terrenos por tratarse de una propiedad en dominio público marítimo terrestre, el Ayuntamiento los valora en 15 millones de euros que pagaría a ILT, si bien esta a su vez daría al Ayuntamiento los 52 millones de euros que pagó más nueve millones por las plusvalías derivadas de la modificación del planeamiento, con lo que quedaría un saldo favorable para las arcas municipales de 47 millones.

Sobre estas alternativas presentadas por las partes ante la nulidad de contrato de compraventa deberá decidir la magistrada Carmen Serrano a partir del 17 de septiembre, en juicio que se prolongará previsiblemente hasta el 25.

Las dos partes, e incluso la jueza, han dado por hecho que sea cual sea el resultado habrá recursos, con lo cual la sentencia firme podría tardar varios años.