Tras más de dos años de reclamaciones por parte de los concejales de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Comisión de Hacienda del consistorio acordó hoy declarar nulo el acuerdo plenario de enero de 1992 por el que se contrató el servicio de recaudación voluntaria a una empresa privada.
Con este acuerdo se da respuesta a la primera reivindicación planteada al Pleno por Sí se Puede en este mandato, en julio de 2011, por lo que la concejala Asunción Frías manifestó esta mañana, en el transcurso de la Comisión, su total apoyo a la resolución aprobada hoy, que se produce tras un dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias, y felicitó al Área de Hacienda, y especialmente a la Tesorería, por el trabajo desarrollado para recuperar la legalidad.
Con esta resolución se da el penúltimo paso –el último será este jueves en un Pleno extraordinario– para poner fin a una ilegalidad que se prolongaba desde hace veinte años y que ha sido calificada en varias ocasiones como tal por el interventor de la corporación.
La primera iniciativa de Sí se Puede sobre este asunto se produjo en el Pleno de julio del año 2011, cuando el concejal Pedro Fernández Arcila preguntó por esta irregularidad al delegado de Hacienda, Alberto Bernabé. La pregunta fue reiterada en la Comisión de Control de noviembre de ese año y en la de abril de 2012, pero en ninguno de los casos se obtuvo una respuesta clara por parte del grupo de gobierno.
La recaudación volvió a ser tratada en el pleno del 12 de noviembre de 2012, cuando Sí se Puede explicó los motivos de su voto contrario a un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar al recaudador privado. En esa ocasión, Bernabé comunicó que en la Junta de Gobierno de ese mismo día se había iniciado el expediente para municipalizar el servicio, un proceso que dio su primer paso con evidente retraso, cuatro meses después.