Felipe Campos, abogado de la Comunidad de Propietarios La Rotonda, insiste en que esta última "ha actuado siempre dentro de la legalidad y ha cumplido con todo lo que marca la ley en cuanto al muro de la calle La Tolerancia". Además, indicó que las obras en esta zona de El Toscal "son legales porque no se ha recibido ninguna notificación de lo contrario".
También aclara Campos que "en ningún momento la presidenta ha actuado por su cuenta sino con el aval de la mayoría de los propietarios, ya que no tenía por qué ser una decisión unánime. El muro se levantó según un proyecto con licencia que, por razones aún no explicadas, se revocó con un cambio de criterio inexplicable, absurdo y aleatorio, sin ninguna base en la legislación vigente, el PGO del 92, que no dice absolutamente nada sobre la altura del muro".
"A día de hoy, explica el letrado, la comunidad no ha recibido ningún documento oficial sobre esa revocación. Así que la licencia que vale de momento es la primera. Cuando llegue esa modificación, se acatará".
"La jueza mandó parar la obra por esa revocación de la licencia de Urbanismo. El Ayuntamiento de Santa Cruz es el responsable de todo lo que ha pasado", añadió el abogado.
Campos acusó a la otra parte de querer "crear polémica. Las consecuencias económicas que anuncian no van a existir. La comunidad no ha puesto ninguna demanda sino que ha sido demandada". Insistió en "la incompatibilidad legal del abogado Carlos Sendín que es funcionario del ayuntamiento. Vamos a volver a pedirla porque la compatibilidad se le concedió de manera irregular".
El litigio sobre el muro levantado en la esquina de las calles Méndez Núñez y La Tolerancia deberá resolverlo definitivamente la justicia.