Los propietarios de las viviendas de la urbanización Hespérides, situada en unos terrenos ubicados en la zona de Los Moriscos que pertenecieron a la base militar de Hoya Fría, han decidido recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la reciente sentencia de la Audiencia Nacional (AN), que rechazó su petición al Ministerio de Defensa para que les abonara los 6 millones pagados por la compra de los terrenos.

Los representantes legales de los cooperativistas han señalado que del estudio del último fallo han podido determinar que el mismo es recurrible, aunque también lamentan que la modificación de la legislación que regula las tasas judiciales les supondrá un abono añadido de casi 12.000 euros.

Los terrenos que adquirieron los cooperativistas por primera vez hace 16 años fueron cedidos al Ejército en los años 30 del pasado siglo, en plena Guerra Civil, por la familia Rodríguez López, a la que tuvieron que compensar cuando en el año 2008 se les reconoció como los legítimos propietarios. Ahora, los interesados pretenden reconducir el argumento de la Audiencia Nacional, que solo les reconoce el derecho a percibir los 1,4 millones del primer abono, pero no la cifra posterior entregada a los herederos de la familia como nueva compra del terreno.

Del análisis que hacen los letrados se deduce que en el apartado referido al argumento de Defensa en el que estimó la donación como pura y simple, y no modal -procediendo a la desafectación y a su venta en subasta- no cabe calificarla como "arbitraria o caprichosa, pues fue ratificada en primera y segunda instancias. No se rectificó hasta la sentencia del Supremo que descartó que la donación fuera simple. Para reputarla como modal, la consecuencia fue la resolución del contrato de compraventa".

Dicen los abogados que antes de la subasta, el Ministerio recibió una reclamación de los herederos para solicitar su suspensión, algo que, aseguran, "se rechazó sin que conste advertencia de ello a la cooperativa". Añaden que en el pliego de la subasta "se señalaba que la finca estaba libre de cargas".

La sentencia intenta aminorar la responsabilidad de la Administración en cuanto al proceso de la subasta. "El argumento del recurso de casación se sustenta en la falta de comunicación antes de la misma", concluyen las fuentes.