Situaciones límites y, en muchos casos injustas, a veces tienen algo positivo, por mucho que se trate casi de sobrevivir. La renuncia de la empresa Mararía a seguir prestando la ayuda a domicilio en Santa Cruz, con todas los inconvenientes que ha supuesto y con la pésima noticia de que hay unas 200 personas más en paro, ha permitido que afloren 60 ejemplos de fraude o duplicidades en subvenciones que, desde ahora, se corregirán.

Se trata de personas que estaban defraudando dinero público porque percibían una ayuda regional y otra municipal por el mismo concepto: la ayuda a domicilio, incluida en la Ley de Dependencia que, pese a las dificultades, han de desarrollar las comunidades autónomas.

El edil responsable del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), José Manuel Arocha, ya se ha reincorporado a su puesto tras sus vacaciones y resaltó ayer que, dentro de lo malo de una situación crítica, la renuncia de la compañía ha permitido descubrir 60 casos de fraude que, de por sí, ya estaban analizando en todos los ámbitos del IMAS.

De hecho, Arocha recuerda que, desde que accedió al cargo, se ha marcado como uno de sus grandes objetivos la eliminación de los casos de fraude simplemente por injustos y por representar agravios comparativos clarísimos. En ese sentido, aunque señala que hasta ahora no habían detectado más, indica que han suscrito un reciente acuerdo con el Gobierno regional para compartir un mismo sistema informático que permita descubrir cualquier duplicidad en las ayudas por los mismos conceptos de vecinos de la ciudad.

Sobre cómo ha reaccionado y resuelto hasta ahora la crisis social abierta con la renuncia de Mararía, el concejal admite, de entrada, que no se esperaba que la cooperativa tomase esa decisión unas semanas antes de dejar la prestación, justo el pasado 31 de julio. Según recalca, habían estado trabajando para evitarlo "desde febrero pasado, con reuniones continuas con la Seguridad Social, la dirección de la compañía y el comité de empresa en busca de un plan de viabilidad".

Además, recalca que el nuevo gobierno pagó desde diciembre todo lo que el ayuntamiento le debía a Mararía hasta ese momento y que se habían puesto al día cada mes. "La empresa nos dijo que estaban dispuestos a hacer sacrificios, junto a los trabajadores, y, por eso y por lo que habían negociado, no me esperaba su renuncia repentina. No obstante, teníamos todo preparado desde hace meses para afrontar una situación así y he de resaltar la reacción de los trabajadores del IMAS, que se han quedado por la tarde".

Según afirma, la respuesta local ha sido tan positiva que "la mejor prueba es que, en 15 días, ya hemos atendido y garantizado la ayuda al 90% de los casos".

Por eso, considera que la fórmula de que los usuarios elijan entre las empresas posibles es muy adecuada y todo apunta a que se mantendrá.