JOSÉ MANUEL Bermúdez aseguró en campaña electoral que prescindiría, por caro e innecesario, del servicio de guardaespaldas que usaba su antecesor en la Alcaldía de Santa Cruz. Sin embargo, una vez llegó al cargo -gracias a su pacto con el PSOE- cambió de opinión, y matizó que los seis policías que forman su guardia personal permanente no costarían ni un euro a los ciudadanos; algo difícil de creer, teniendo en cuenta que sus nóminas corren a cargo del presupuesto municipal.

En la misma línea de austeridad se manifestó la concejala de Seguridad al responder a una pregunta de mi compañero Alexis Oliva en el Pleno de enero de este año, al matizar que no incurrirían en gastos de horas extraordinarias. Sin embargo, según consta documentalmente, la propia concejala autorizó con su firma el pago de 14.754 euros en horas extras realizadas durante los pasados Carnavales, incluyendo servicios prestados de madrugada, cuando Bermúdez se divertía con sus amigos, copa en mano, sonrisa abierta y exhibiendo un deslumbrante disfraz de rubia desmelenada. Fueron en total 483 horas festivas y nocturnas, algunas de las cuales se prolongaron hasta las seis y las siete de la mañana.

El hecho de que diferentes alcaldes y concejales de Santa Cruz hayan usado o abusado de cuerpos de escoltas en anteriores mandatos municipales no puede ser utilizado como argumento para justificar ahora lo injustificable y emplear recursos públicos en actos absolutamente privados, como son la fiesta y el jolgorio de Bermúdez con sus amigos o su familia. Esto es algo que no se debe repetir, no solo por la cuantía del gasto que suponen, sino porque se traspasa la línea divisoria entre el trabajo que se desempeña al cumplir una función pública y lo que es absolutamente privado y particular. No estamos hablando de que el gasto haya sido producto de su asistencia a manifestaciones, o actos políticos, en donde los nervios estuvieran tan crispados que hicieran peligrar su integridad física. Ojalá hubiera sido así de claro y justificable el gasto, pues no habría nada criticable en ello. Pero no es el caso.

Si la línea entre lo público y lo privado no está clara, tampoco lo estará si debe pagar la factura del restaurante con dinero público cuando haya ido a comer con su pareja y amigos (a pesar de que alguno, o todos, sean concejales, directores generales, consejeros del cabildo o del gobierno), o la debe pagar de su bolsillo (gana más de 60.000 euros al año). No estará claro que si al pasear el perro, ir al gimnasio o sentarse para un corte de pelo está realizando actividades puramente privadas o no, y quizá necesite llevar coche oficial, escolta policial, perímetro de seguridad, etc. Y si en estos casos no lo hace, ¿por qué lo hace en los bailes del Carnaval? Porque lo que sí logra es afirmar, con hechos, que el carnaval de Tenerife no es seguro. Al menos para él.

Al final, lo que queda claro es, precisamente, la confusión entre los lados que separan la línea que divide la gestión política y administrativa de los fondos públicos y el lugar donde empiezan la vida privada, los intereses y las necesidades como particular.

Resulta sorprendente que cuando se plantea esta situación se justifique no hacer nada, o se distorsione la realidad demagógicamente, bien no admitiendo los datos que el propio Ayuntamiento facilita a algunas fuerzas políticas de la oposición, como hizo Guillermo Guigou, o bien diciendo que no se puede solucionar este problema en Santa Cruz porque en otros lugares de España hay políticos del Partido Popular que gozan de escoltas, como dijo José Manuel Corrales. Pero lo cierto es que nosotros, como concejales de Santa Cruz, debemos solucionar los temas de Santa Cruz, y no tenemos ni poder ni competencias para solucionar temas del Estado ni de la UE ni de la ONU..., donde también habrá escoltas que supondrán un gasto que hay que evaluar.

Eso por no hablar de cuál es el riesgo real que corren el alcalde de Santa Cruz, el presidente del Gobierno de Canarias, el del Gobierno del Estado, o el secretario general de las Naciones Unidas. Esas cuestiones no deben ser la excusa para cruzarnos de brazos y no hacer nada. Y mucho menos para no lamentarnos por esos malgastaditos 14.754 euros en horas extras pagadas a los policías destinados a este alcalde, que se podían haber aprovechado en otras circunstancias y menesteres sirviendo a los ciudadanos.