La Agrupación de Asociaciones de Vecinos del Distrito Suroeste de Santa Cruz no solo ha pedido que se ejecute la sentencia sobre Emmasa, sino que, en un nuevo comunicado remitido a EL DÍA, censura con dureza a la compañía por el mantenimiento de las actas de inspección y fraude que, según denuncia, se imponen a algunas familias de manera "infundada" y a "hurtadillas".

Para este colectivo, que agrupa a la plataforma de los Alisios I y II, la AAVV Guacimara-La Gallega, Independiente del Suroeste, El Tablero, La Unión de la Gallega, El Humilladero, El Molino de Barranco Grande y la Federación de AAVV del Distrito, la empresa Sacyr Vallehermoso (matriz de Emmasa) "sigue con su vorágine recaudatoria, seguramente con la intención de superar su déficit y pretender que el dinero que debe al ayuntamiento (45,2 millones) los pague o los extraiga de los maltrechos vecinos".

Estas entidades critican que las actas se repitan en los mismos edificios o inmuebles que ya las resolvieron con anterioridad, así como que "suelan tramitarse a hurtadillas por empleados que dejan el aviso en los buzones y se van corriendo para no encontrarse con los titulares afectados, que obviamente rebatirían la acusación". A su juicio, lo peor es que "estas malas prácticas conllevan luego una subida de tasa para compensar el supuesto fraude, que suele ser infundado, y el vecino finalmente paga más en sus facturas, lo que, añadido a las subidas y otros cobros aumentados, hará que paguemos el agua a precio de oro".

La Agrupación tilda de "negligente y maliciosa" la gestión de costos de Emmasa y censura que, lejos de aliviar las cargas y mejorar el servicio, "haya resultado todo lo contrario". Por eso, insisten en que se debe recuperar esta prestación para que, desde lo público, se encauce la situación. Además, critican al primer teniente de alcalde y presidente del consejo de Emmasa, Julio Pérez, por afirmar que la ejecución de la sentencia para recuperar "este, ahora, abusivo servicio" sería una mala noticia para la ciudad. "Imaginamos que lo es para sus intereses, que no son los de los vecinos", indican.

Estos colectivos recalcan también que, si se incumple el contrato, "tal y como es evidente", no hay que pagar indemnizaciones.

Por su parte, fuentes de Emmasa indicaron a EL DÍA que la compañía respeta al máximo el derecho de los vecinos a opinar sobre el servicio y la empresa, aunque subraya que todas las actas responden al reglamento existente y que, en todo caso, los afectados pueden presentar las reclamaciones que crean oportunas.

Asimismo, recuerdan que las inspecciones y los expedientes por infracción o fraude no solo son necesarios, sino un deber de la empresa para con la ciudad y vecinos, de manera que no se permitan situaciones injustas y agravios comparativos respecto a aquellos que sí cumplen con la norma. Emmasa recalca también que el agua en Santa Cruz es una de las más baratas de las capitales de provincia españolas y que las subidas o bajadas de tarifas siempre han estado en función del IPC. Además, recuerda que el gobierno, pese a tener solo el 3% del capital, tiene derecho de bloqueo.