La denuncia de la Fiscalía contra el Ayuntamiento de Santa Cruz por un supuesto delito de malversación de fondos públicos y prevaricación por la compra, en 2003, de la casa Siliuto fue concebida ayer por la mayoría de grupos de la oposición como un claro ejemplo de las "malas prácticas" en mandatos anteriores. Partidos como Sí se Puede, Por Tenerife y Ciudadanos censuran que, como en el caso de Las Teresitas, lo ocurrido con este inmueble de El Toscal, adquirido en principio para acoger la Casa Insular de la Juventud, pruebe el desprecio continuo hacia las tasaciones de los técnicos locales.

La Fiscalía califica de "clamoroso" que el ayuntamiento pagara por esa casa 612.227 euros, cifra aportada por los dueños mediante una tasación particular, cuando la arquitecta municipal la había tasado en 332.496 euros en un informe del 23 de octubre de 2002. Además, critica que, pese a lo fijado por la ley, el consistorio, y no la parte vendedora, asumiera el pago de 10.946 euros por impuestos, actos jurídicos y transmisiones patrimoniales. Por ello, eleva la denuncia al juzgado de guardia y plantea que se llame a declarar al exedil de Urbanismo Norberto Plasencia, a los consejeros de la Gerencia en diciembre de 2002 y a los dueños del inmueble.

El principal grupo de la oposición (PP) se distancia del resto y se limita a respetar la acción de la justicia y a no pronunciarse sobre una u otra parte. Eso sí, la concejal Ana Zurita critica que, "lejos de lo que anunció Julio Pérez, la ciudad está al galope de los procesos judiciales, que pesan mucho más que lo que hace el gobierno". Según resalta, "el problema de la casa Siliuto y todo lo relativo a El Toscal se debe a que, desde 1956, y ya han pasado años, los gobiernos han tenido absoluta desidia por aprobar el Plan Especial, que hubiera permitido disponer de un sistema de gestión reglado. Por el contrario, la situación actual solo ha creado estas ambigüedades".

El segundo partido con más representantes (SSP) lo lidera el abogado Pedro Arcila, quien, tras la denuncia de Felipe Campos, también se dirigió a la Fiscalía para informar de lo sucedido. A su juicio, se trata de un caso "bastante evidente" y casi calcado al de Las Teresitas porque "el desprecio a las tasaciones locales era una práctica habitual". Según recuerda, los delitos de malversación se penan con entre 3 y 6 años de prisión y entre 6 y 10 de inhabilitación para cargo público, si bien pueden ampliarse a entre 4 y 8 y 10 y 20 si el caso reviste especial relevancia. También aclara que, tanto si la tasación local era por una expropiación o por una compraventa, la cifra ha de ser la misma por estar en suelo urbano.

Guillermo Guigou (Ciudadanos) cree que esta denuncia solo es "una prueba más de que las cosas se han hecho muy mal. Además, creo que es el inicio de nuevas situaciones que probarán que, en los mandatos anteriores, todo se hacía en función de criterios no legales o que bordeaban la legalidad, tal y como hemos denunciado. Me temo que lo que vendrá será un rosario de estos casos".

Más contundente se muestra el portavoz de Por Tenerife, José M. Corrales, quien asegura que, con este caso, el de Las Teresitas, IES García Cabrera, "bragasgate", Mamotreto, Emmasa, Forum Filatélico y Parque Marítimo, la etapa de Zerolo parece la de "una ciudad sin ley". El edil exige que se supere este periodo desde la "transparencia y la legalidad".

El concejal de Política Territorial, José Ángel Martín, subrayó ayer que el ayuntamiento colabora al máximo con la justicia para esclarecer este caso y, de confirmarse que ha habido un perjuicio para las arcas locales, exigirán que ese dinero sea devuelto.