Que la casa de al lado se quede vacía puede suponer un problema. Una vecina de la calle Severo Ochoa lleva años soportando que diferentes okupas se instalen en ella cada cierto tiempo, pero recientemente la situación se volvió más dramática al producirse una reyerta que acabó con presencia policial, pero sin detenciones.

Esta vecina ha tratado de denunciar la ocupación de esta casa, pero se encuentra en un callejón sin salida legal. No puede denunciar la situación, porque ella no es la propietaria, y los dueños son varios herederos que no se ponen de acuerdo sobre el inmueble y que no han puesto ninguna denuncia.

La única solución que le ofrecieron fue presentar una reclamación en la Gerencia Municipal de Urbanismo el pasado 4 de junio, pero sigue viviendo con la incertidumbre de no saber qué va a ser lo siguiente que va a pasar.

"Se mataban entre ellos, uno salió corriendo sangrando...", explica, para resumir que su familia se llevó un gran susto, ya que cuando salieron para ver qué ocurría, uno de estos okupas se les encaró.

El inmueble ocupado es una casa terrera con un jardín y, aunque las puertas y ventanas de la planta inferior están tapiadas, los okupas rompieron los bloques de la parte trasera y, de esta forma, accedieron al interior.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía confirmaron que la única autoridad que tiene potestad para ordenar el desalojo de una casa es un juez y que, antes, tiene que existir una denuncia de los propietarios.

Sin embargo, esta vecina se ve perjudicada por estos ocupantes ilegales, pero sin casi ningún margen de maniobra para poder atajar la situación. Se ha visto obligada a instalar unos sistemas de seguridad y vigilancia que, en otras circunstancias, no hubiera contratado y a vivir con la incertidumbre de cuándo y quiénes volverán.

El inmueble, comenta, se quedó vacío hace cerca de cinco años y, poco tiempo después, ya se metieron los primeros okupas. Uno de los ilegales residentes que ha tenido esta casa llegó a presentárseles para exponerles que no quería molestar a nadie. "Ése nunca dio guerra. Hasta el día que quemó la casa, claro", explica. Ese incendio también les hizo peligrar y asustarse por la cercanía de las dos viviendas.

Por su parte, el concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, aclara que ellos no pueden intervenir en una propiedad privada. "Solo podemos hacer algo si el inmueble está en ruinas, hay una situación de insalubridad o se está desarrollando una actividad clandestina, como un bar", aclara.

A pesar de esto, Martín explicó a este periódico que enviaría a un inspector al inmueble para comprobar el estado del mismo.

Mientras, los vecinos de esta casa vacía, pero a veces ocupada, ven pasar el tiempo sin poder hacer nada para recuperar la tranquilidad de su propio inmueble y se preguntan: "¿Qué será lo próximo que ocurra?".