El área local de Urbanismo de Santa Cruz espera con sumo interés la inminente entrega del dictamen jurídico encargado por la Plataforma en Contra del PGO, pero lo hace con la cuasi seguridad de que su principal conclusión, consistente en que el documento caducó en 2008, se topa con, al menos, cinco informes regionales y municipales que sostienen lo contrario.

Según fuentes solventes del departamento urbanístico, una de ellas autora de uno de esos informes, dichos documentos se manejan desde hace años. Aunque contienen diversos argumentos y conclusiones, su principal tesis se fundamenta en que, a diferencia de lo que indica el catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense Tomás Ramón Fernández, autor del dictamen de la plataforma, en ningún caso se incumplieron los plazos y, por tanto, el documento no ha caducado.

El experto, por el contrario, asegura que, desde el 20 de junio de 2008, el PGO caducó y ahora solo cabe aceptar ese extremo y acordar el archivo del expediente, sin que por ello pierda valor gran parte del trabajo realizado, con la salvedad de cuestiones clave como el fuera de ordenación.

Parte deliberativa

Los técnicos locales admiten el prestigio del profesor, pero ponen en duda otra de sus conclusiones, la relativa a que se ha incumplido lo estipulado respecto a la evaluación ambiental. De todos modos, y como con la supuesta caducidad o no del documento, prefieren analizar a fondo, más que las conclusiones ya publicadas del informe, la parte deliberativa y argumentativa previa, por si contiene tesis y pruebas irrefutables que debiliten la postura oficial.

Lo que sí hacen estas fuentes es reconocer que, de momento, se carece de un informe regional o local que certifique que la Comisión del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno autónomo (Cotmac) puede suspender los ámbitos que le propondrá el gobierno municipal para intentar resolver los casos del fuera de ordenación. De todos modos, y en línea con lo apuntado hasta ahora por responsables políticos como el alcalde, José Manuel Bermúdez, o el edil de Política Territorial, José Ángel Martín, sí cuentan con un acuerdo verbal con los técnicos autonómicos y el consejero del área, Domingo Berriel.

Esta falta de sustento documental refuerza los temores de la Plataforma y de ediles como el portavoz de Por Tenerife, José Manuel Corrales, sobre que la Cotmac no podrá suspender esos ámbitos porque el documento ya pasó por este órgano regional, lo que podría disparar las denuncias y reclamaciones de personas que puedan sentirse perjudicadas.

Los técnicos locales dan por hecho que puede haber reclamaciones, pero insisten en que la hoja de ruta es correcta y que existen múltiples precedentes de suspensiones de ámbitos en numerosos planes generales de municipios canarios.