El protocolo antidesahucio respaldado por todos los partidos durante la última comisión de control al gobierno de Santa Cruz sirve para poco o, incluso, más bien para nada. Ésa es, al menos, la contundente conclusión de la Asociación de Usuarios de Banca en Canarias (Ausbanc). Su delegado, Jerónimo Barrera, considera que la iniciativa de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones de la ciudad, que preside Guillermo Guigou, es totalmente inútil porque "la intermediación de un consistorio en casos de hipoteca o desahucios no sirve para nada".

Barrera también critica la intención del ayuntamiento de mediar para que, en los casos en los que la familia afectada haya perdido la titularidad de su vivienda, sea la entidad bancaria y no estas personas las que se encarguen de abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), incluso con recargos e intereses si no se ha comunicado en tiempo y forma a la corporación el cambio del titular. A su juicio, se trata de una "necedad".

Para Barrera, las siete medidas propuestas por la Comisión son simple "pajullo". "Esas medidas no sirven para nada, como tampoco sirve el real decreto del Gobierno central del pasado 10 de marzo destinado a familias en situación de riesgo social ya que, claro, qué se entiende por ese tipo de familia, dónde están los límites y criterios", se pregunta.

Según recalca, "todos estamos sujetos a la ley y la única posibilidad es cambiarla. Lo demás, simplemente, no sirve de nada".

Mucho menos pesimista se muestra Raúl Alonso, de la Unión de Consumidores de España. A su juicio, el protocolo elaborado y apoyado por el ayuntamiento "es positivo, ya que siempre es bueno que, desde cualquier ámbito, se intente evitar que una familia se quede en la calle". Sin embargo, duda de su efectividad y resultados, "ya que esto solo depende de la voluntad del banco".

Lo que sí cree peligroso y un error es que, como planteara el portavoz de Sí se Puede, Pedro Arcila, con el asentimiento mayoritario del resto, el consistorio premie a los bancos que apliquen algunas de las medidas propuestas (como una moratoria en el desahucio o en el crédito hipotecario, la dación en pago u otras) a la hora de concertar operaciones con las entidades bancarias otorgándoles, de entrada y por esa colaboración, más puntos que a otras. Según advierte, de esa forma se estaría cometiendo una clara "ilegalidad, ya que cualquier contrato de este tipo está sometido a las normas de los concursos públicos".

Dación en pago

Alonso recalca que los bancos sí están cumpliendo la Ley Hipotecaria. "En tal caso, lo que se debe hacer es cambiar las normas, aunque, a mi juicio, no es necesario. Lo que se requiere es una política decidida. Por ejemplo, los bancos no están obligados a la dación en pago, pero tampoco hay nada que se lo impida. Ahí está la clave, en la presión y decisión política".

De todos modos, tiene claro que la mediación de un ayuntamiento "no es la solución, pues todo depende de la buena voluntad del banco. Si se quiere cambiar la ley, eso sí, se ha de hacer en el Congreso de los Diputados, aunque con movimientos ciudadanos previos y teniendo claro que será difícil y suscitará problemas".

EL DÍA intentó ayer conocer la opinión de diversas entidades bancarias sobre este protocolo, aunque resultó imposible porque los bancos consultados prefieren optar por el silencio "ante la que está cayendo ahora mismo", según la explicación de uno de ellos.

El citado protocolo surge después de una entrevista de Guigou con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que teme que, solo en Santa Cruz, pueda haber unas 2.000 nuevas familias con riesgo de desahucio en los próximos 15 meses.

Aparte de la moratoria crediticia y del desahucio, la iniciativa apuesta también por permitir que los afectados con salarios menores al mínimo interprofesional aumentado en un 50% logren alquileres sociales mediante viviendas municipales o de los propios bancos, así como acceder a ayudas locales y aplicarse excepciones a casos dramáticos.