La reunión del pasado viernes en la sede de Urbanismo de Santa Cruz entre el gobierno local, técnicos municipales, el resto de grupos políticos, la Plataforma en contra del PGO y la del Suroeste sirvió para muchas cosas, como para aplazar la aprobación del plan a un mínimo de siete semanas, pero también para que los expertos de la Gerencia explicaran por primera vez, y con casos prácticos, cómo pretenden resolver el asunto más complejo del documento: el fuera de ordenación. Unos técnicos que, eso sí, no están dispuestos a regular ahora situaciones ilegales que también están bajo esa catalogación, al tratarse simplemente de construcciones ejecutadas en su momento sin la pertinente licencia local, casos que, en su inmensa mayoría, se localizan en el Suroeste.

Se trata de plantas, áticos, partes de inmuebles o viviendas que escapan al resto de casos del fuera de ordenación y que no se pueden legalizar porque supondrían un agravio comparativo para el resto de ciudadanos y edificaciones. Por sus características y cómo se han ido expandiendo, la mayoría de estas construcciones se sitúan en el Suroeste, por lo que el grueso de la parte resoluble (que los técnicos calculan, de momento, en un 75%) se localiza en los 20 ámbitos de la zona más céntrica (La Salud incluida) que, de cumplir su hoja de ruta, el gobierno local pretende pedirle a la Cotmac que deje en suspenso para solucionarlo en seis meses.

En el contraste de esas ilegalidades fuera de ordenación del Suroeste se encuentran "muchos casos" (según los propios técnicos, aunque aún no pueden cuantificarlo) que no necesitan de ningún cambio de uso u otras medidas para ser ordenados.

El hecho de que no se disponga de la cifra concreta tiene que ver con que, hasta ahora, los especialistas de la Gerencia se han centrado en la elaboración del catálogo del fuera de ordenación, documento que, pese a la polémica suscitada, no existía y que, a falta de flecos, incluye unos 1.500 edificios. Los técnicos consideran que una gran parte de estos inmuebles pueden ser regularizados "simplemente" con una comprobación de si las plantas con las que cuentan coinciden con las licencias municipales otorgadas en su momento (años 50, 60, 70...). Para ello, y en una labor que tampoco se ha desarrollado y que requiere de un trabajo detallado, los expertos deberán acudir al archivo municipal y analizar cada caso mediante el expediente y el permiso otorgado en su momento.

Según los técnicos, se trata de una ardua labor que, eso sí, junto al resto de soluciones, se podrá llevar a cabo en ese plazo de 6 meses.