El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha sobreseído la causa por presunto cohecho (recibir soborno) que pesaba sobre el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González, en relación con su participación en la supuestamente fraudulenta compraventa del frente de playa de Las Teresitas en 1998. Una operación que anuló el tribunal Supremo en 2007 y que consistió en una transacción de 52 millones de euros por el frente litoral de la citada playa realizada entre el Ayuntamiento de Santa Cruz e Inversiones Las Teresitas (empresa formada por Ignacio González y Antonio Plasencia).
Así, la juez instructora del denominado caso Las Teresitas, Carla Bellini, decretó en la tarde de ayer la desimputación del conocido empresario, convirtiéndolo en el quinto imputado por cohecho que deja de serlo después de que hace una semana comenzaran a decretarse los sobreseimientos de las causas interpuestas por el mismo delito contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz en 2001, Manuel Parejo, el exportavoz municipal del PP, José Emilio García Gómez, y los exconcejales del PSC en el Consistorio capitalino, Emilio Fresco y José Luis Martín.
De esta forma, de la quincena de personas que se encuentran imputadas durante la prolongada investigación que se lleva a cabo a petición de la Fiscalía Anticorrupción, y que tiene al ahora senador Miguel Zerolo como principal protagonista político, al menos cinco dejan de estarlo por el citado delito de cohecho, aunque sobre ellos todavía se dirimen las causas por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El presidente de la Cámara de Comercio tinerfeña mostró ayer a esta periódico su total satisfacción por la decisión judicial que, a su juicio, "va desentrañando que la trama de Las Teresitas fue la que nos hicieron a nosotros". El conocido empresario dijo que lo único que lamenta es que quienes "han montado este embrollo no tengan ahora el coraje de decir públicamente que mintieron".
Por su parte, manifestó no sentirse especialmente liberado de nada pues "yo sé que lo que he hecho no ha sido más que trabajar y siempre estuve convencido de que esto acabaría así". En cuanto a su socio en Inversiones Las Teresitas, el actual presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Tenerife (Fepeco), Antonio Plasencia, quien todavía permanece imputado por cohecho, aseguró que "seguramente en escasos días también a él se le comunicará el sobreseimiento de su causa".
Por otro lado, Ignacio González dijo mantenerse firme en la demanda presentada contra el Ayuntamiento capitalino por la que le reclama una compensación de 115,9 millones de euros por el supuesto lucro cesante por no haber podido desarrollar las obras que preveían junto a la playa de Las Teresitas. "Solo pido que se cumpla la sentencia de 2007: que el ayuntamiento me devuelva los terrenos con su volumetría original o que me pague daños y perjuicios", sostuvo.
Más de cuatro años después de que la fiscal jefe de Anticorrupción de la provincia tinerfeña, María Farnés, acusara formalmente de malversación de fondos públicos y prevaricación a los principales protagonistas de la compraventa en 1998 del frente de playa, que con anterioridad habían sido comprados a la Junta de Compensación, y algo menos de dos años desde que se ampliara la acusación por el delito de cohecho a los dos empresarios compradores, los citados Ignacio González y Antonio Plasencia, "la verdad está a punto de salir a flote", aseguró el presidente de la Cámara tinerfeña.
A pesar de la lógica satisfacción que esgrimen en sus declaraciones públicas todas las personas desimputadas por cohecho, las fuentes más críticas con el supuesto "pelotazo" de Las Teresitas argumentan que la jueza Bellini, simplemente, está "separando el grano de la paja" para poder culminar el proceso judicial con los delitos que realmente sí puedan ser demostrados.
Cabe recordar que la génesis del caso Las Teresitas se fundamenta en las supuestas plusvalías de más de cien millones de euros por la compra realizada, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, del frente de playa a Inversiones Las Teresitas por 52 millones de euros, empresa que habría adquirido, previamente, los terrenos a sus propietarios sin su pleno consentimiento, actuando para ello el abogado de la Junta de Compensación, Mauricio Hayek.
Además de los dos empresarios, aún continúan imputados por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos Miguel Zerolo (exalcalde de Santa Cruz y ahora senador, razón por la cual el proceso deberá derivarse al Tribunal Supremo), Manuel Parejo (exconcejal de Urbanismo), Antonio Messia (extesorero municipal), Juan Reyes Delgado (exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (exinterventor delegado de Urbanismo), José Eugenio de Zárate (exsecretario general de la corporación) y José Tomás Martín (exgerente de Urbanismo).