La concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carmen Delia Alberto (CC), se muestra abierta a negociar con el comité de empresa y los sindicatos las medidas en concreto que ha de aplicar para reducir un 5% del gasto en personal del consistorio, pero, en ningún caso y según recalca en declaraciones a EL DÍA, está dispuesta a renunciar a esa reducción "porque se trata de una directriz del concejal de Hacienda que hemos de cumplir".

La edil matiza así las medidas que le ha planteado al comité de empresa en la única reunión que ha mantenido hasta ahora para abordar este "necesario reajuste", que es el término que prefiere en contraposición a "recorte, ya que esto implica dejar la cifra a 0". Tampoco comparte la interpretación de que lo que ha propuesto afecta a las "prestaciones sociales" de los empleados, "ya que entiendo por eso otra cosa. Lo que sí hemos barajado es reducir algunos beneficios sociales del convenio, pero siempre pensando en afectar al menor número posible de empleados y funcionarios".

Así, aclara que el seguro médico de Adeslas, a diferencia de lo que indica el presidente del comité de empresa, Miguel Ángel Cano, lo paga en su totalidad el consistorio (19 euros por beneficiario, familiares incluidos). "Nuestra intención pasa porque cubra solo al titular y se excluya al cónyuge y a los hijos menores de 18 años". Asimismo, afirma que no se reduce un 25% las jubilaciones anticipadas, "sino las primas por jubilación". En este sentido, y frente a los sindicatos, asegura que aún no saben si habrá jubilaciones en 2012, "pues eso lo deciden los trabajadores por diversas circunstancias y, a veces, de forma repentina, con lo que sí reservaremos un fondo para ello".

Respecto a la adaptación de las ayudas al estudio a lo que cuestan las matrículas, matiza que se refieren solo a cursos que desarrollen los trabajadores locales (no sus hijos o familiares) y, además, que han de estar relacionados con su actividad profesional en el ayuntamiento.

Alberto subraya que estas medidas de "reajuste" no tienen por qué ser las definitivas. "Estoy abierta a cambiar lo que sea en la negociación, pero lo que sí debe quedar claro es que hay que hacer la reducción del 5% porque no podemos vivir al margen de la situación económica y social existente".

En la actualidad, el ayuntamiento cuenta con 1.125 funcionarios, miembros del personal laboral, de confianza o directivos. El seguro médico, sin embargo, beneficia a 2.300 personas, al entrar los familiares. Las medidas planteadas por la concejal supondrían un recorte de 530.000 euros cuando, en realidad, la reducción del 5% representa 2,9 millones menos en el área, diferencia que saldrá de otros gastos.

Eso sí, subraya que, en ningún caso y porque así se lo ha mandado el alcalde y el pacto de gobierno con el PSC, no habrá ningún despido entre el personal que le compete, ni se perderán retribuciones ni pagas extra.

Sobre sus intenciones para el mandato, asegura que uno de sus grandes objetivos, que pretende impulsar desde principios de 2012, es lograr un nuevo convenio colectivo, pendiente desde 2008, si bien prefiere no adelantar nada de sus previsiones para ese acuerdo y lo deja todo pendiente de la negociación. Además, quiere "consolidar a los 151 trabajadores interinos como funcionarios, así como ahondar en la conversión de la mayoría o de todo el personal actual en funcionario". Según recalca, "no estoy de acuerdo con la demonización de los funcionarios, pues, como en el resto de sitios, hay de todo. Aquí, no conocía a nadie y ya he conocido a muy buenos profesionales. No es justo que paguen justos por pecadores".