Tras más de cuatro meses abrumándose con infinidad de datos, porcentajes y diagnósticos sobre la situación de las arcas del Ayuntamiento de Santa Cruz, el concejal del área de Hacienda, Alberto Bernabé (CC), que ha pasado de Turismo insular al consistorio en plena crisis, sigue empeñado en cumplir sus promesas y pretende aprobar el presupuesto de 2012 en el pleno de noviembre. Unas nuevas cuentas que, según recalca en declaraciones a EL DÍA, tratarán de reflejar con el mayor realismo posible la situación municipal, que rondará los 182 millones de euros, con las partidas de los organismos autónomos incluidas, y que prevé una reducción del gasto de 8 millones y un aumento de los ingresos de entre 4 y 5.

Ese desfase pretende compensar los 11 millones de euros que el presupuesto de este año, de 170, no contempla pese a tratarse de obligaciones ineludibles, entre las que se encuentra el pago del PIRS o el Consorcio de Bomberos. "No queremos hacernos trampas en el solitario; buscamos un presupuesto realista que no deje nada fuera", señala el edil.

La reducción de los 8 millones saldrá de la ya anunciada rebaja en un 5% del gasto en personal (sobre todo del eventual, que pasa de 68 personas a 39), así como del menor número de ediles de gobierno y del gasto corriente. En personal, se prevé una reducción de entre 2 y 3 millones, mientras que el gasto corriente bajará en todas las áreas un 7%.

Esa reducción, sin embargo, se verá compensada en Servicios Sociales con un aumento de hasta el 20% de los gastos en programas concretos del Imas, confirmándose así la apuesta por lo social ante la agudización y persistencia de la crisis económica y el paro.

En cuanto a los 4 o 5 millones que se prevé ingresar de más respecto al año anterior, el énfasis se pondrá, sobre todo, en la recaudación de las plusvalías pendientes desde el año 2008. El objetivo pasa por cobrar en 2012 las de ese ejercicio y 2009, mientras que, en 2013, se ingresarían las de 2010 y 2011.

Además, se comenzará a desarrollar un intenso y exhaustivo plan de inspección y cobro de multas (de tráfico y demás), sanciones y otros ingresos reconocidos y no abonados por la vía voluntaria ni ejecutiva, que ahora se aplicará desde el momento en que pueda recurrirse a ella. Así, por ejemplo, las sanciones urbanísticas, que en 2010 no supusieron ningún ingreso pese a que se calcularon en 80.000, pasarán a cobrarse mediante el consorcio de tributos. El plan trata de seguir el éxito de ciudades como La Laguna y se prevé ingresar en torno a 1,5 millones en multas que, hasta ahora, se han topado también con un problema de incompatibilidad de los servicios informáticos de la Policía y de Hacienda. "No significa que se multará más, sino que se cobrarán las sanciones", aclara.

Respecto a los impuestos y tasas, Bernabé anuncia que se subirá el IAE a las 1.400 empresas que tienen más de un millón de beneficios en la ciudad, lo que supondrá un aumento medio de 250 euros por compañía al año. El IBI, por su parte, bajará en algunos tramos, como a las 152 empresas del puerto (refinería y Autoridad Portuaria incluidas) a las que se duplicó el IBI de características especiales en 2009, mientras que se subirá por debajo del IPC al resto, con lo que una vivienda media pagará al año 8,5 euros más, y una social, dos euros, "una cantidad razonable". Bernabé es partidario de subir cada año los impuestos según el IPC "para evitar que, de repente, se tenga que aumentar algunos un 10%".

Como ya se ha apuntado, la situación obliga a limitar las inversiones municipales al millón de euros de Obras y Servicios, si bien aumentará lo destinado en la rehabilitación de viviendas.

lA CLAVE

"Una situación delicada"

Bernabé califica la situación económica local de "francamente delicada, pero con capacidad municipal para enderezarla". De hecho, resalta que, a diferencia de otros ayuntamientos, como el de Madrid, que casi ha superado el 110% aconsejado como máximo, el de Santa Cruz acabará este año con un 37% de deuda financiera viva, un porcentaje muy bajo que, según señala, refuerza su meta de lograr la estabilidad presupuestaria a medio plazo (quizás menos de dos años) para, así, poder pedir nuevos créditos para liquidar deuda con proveedores. Unos pagos pendientes que, de momento, se afrontarán con los 10 millones del último crédito ICO concedido. Con esa cantidad, se saldará el 100% de lo pendiente con unas 250 pymes, el 75% de lo que se le debe a las empresas grandes y el 50% a las de mayor tamaño.

La deuda municipal es ahora de 62 millones, aunque se harán revisiones cada 3 meses dados los altibajos que se producen. El próximo año, el consistorio deberá abonar 17 millones en intereses y amortización de sus créditos. A falta de nuevo presupuesto estatal por las elecciones, el equipo de Bernabé ha hecho una previsión de ingresos del Estado conservadora, si bien se espera mejorar lo recaudado por el REF. Eso sí, y en vistas de que no habrá resolución judicial sobre Las Teresitas en 2012, no se ha previsto esa recuperación dineraria. Tras la aprobación del presupuesto, su área trabajará en el anunciado plan económico y financiero.